TTIP y CETA: tratados de comercio devastadores para el empleo y la economía

TTIP

Los últimos días de la Comisión Barroso se consumen en una incesante actividad: acaban de finalizar las negociaciones sobre el CETA, el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá y se aceleran las rondas que deben culminar en un tratado de libre comercio e inversión con EEUU, el TTIP. Ambos tratados tendrán efectos devastadores para el empleo y la economía si no lo impedimos a través de una movilización masiva en múltiples ámbitos.

La Unión Europea admite en sus informes la destrucción de entre 430.000 y 1.100.000 puestos de trabajo, confiando que los empleos se recuperarán reorientado la producción hacia el mercado estadounidense. Pero la realidad es que en un entorno de débil demanda internacional, tal esperanza es meramente propagandística: nos sirve de ejemplo el NAFTA, un acuerdo de dimensiones muy parecidas que redujo el empleo en más de 1.000.000 de personas tan sólo en EEUU.

Si no es el crecimiento, ¿qué objetivos persigue esta negociación? Nada menos que debilitar la soberanía democrática frente al poder económico. ¿Cómo? Profundizando en la no-coincidencia entre mercados y soberanías, ya sea reforzando un aparato de gobernanza supraestatal sistemáticamente sesgado contra los intereses de la mayoría de ciudadanos, ya sea eliminando los escasos aranceles que permanecen, consolidando nuestra inserción periférica en la división mundial del trabajo.

Esta voluntad antidemocrática se observa en la actividad diaria de la Comisión. Su agenda y compromisos se definen en el más absoluto secreto, obligando incluso al Defensor del Pueblo europeo a abrir una investigación. Y mientras los eurodiputados permanecen ajenos a las negociaciones, sin ni tan siquiera acceso a los documentos de los acuerdos hasta el mismo día de su firma, los grupos de presión empresariales no dudan en utilizar su influencia para orientar la redacción del TTIP. Sabemos, por ejemplo, que de 130 reuniones preparatorias, 119 fueron con representantes corporativos, quienes fueron extremadamente claros en sus prioridades.

En primer lugar, en palabras del lobbysta Shaun Donelly, se trata “de acabar con el principio de precaución”. Este principio, que rige en temas como la salud pública y el medio ambiente, nos protege de las agresivas campañas de la agroindustria, de los grupos farmacéuticos o del sector químico, que quieren imponer el uso de tecnologías o la comercialización de productos cuya seguridad no está probada.

Este principio es el que ha permitido que Europa mantenga una regulación más estricta en el uso de pesticidas en la agricultura o de agentes químicos en bienes de consumo diario; ha evitado la extensión indiscriminada del uso de hormonas en el ganado o de técnicas de minería y extracción energética sumamente agresivas. Pero la propia Comisión define tales protecciones como “barreras al libre comercio”, priorizando la obtención de un beneficio al bienestar ciudadano. Curiosamente, en cuestión de patentes, la posición será la contraria: imponer nuevas barreras a la entrada de medicamentos genéricos o a la creación de nuevas pautas de consumo cultural.

Pero hay más. La creación de un único mercado transatlántico también tendrá efectos negativos sobre la regulación laboral y financiera. El incremento de la competencia entre las mayores economías del mundo continuará la carrera hacia el dumping salarial, social y fiscal que la globalización impone a los Estados, con el fin de asegurar una primacía competitiva tan fugaz como dañina para trabajadores y trabajadoras.

Otra demanda regulatoria es la liberalización del sector público, con nuevas presiones para asegurar el funcionamiento “competitivo” del transporte y las infraestructuras públicas, los servicios sociales, la salud o la educación. Las menguantes salvaguardas que existen para asegurar una política industrial eficaz y un Estado del bienestar guiado por el interés público se disolverán en beneficio de los grandes grupos corporativos, sean estos europeos o estadounidenses.

Por supuesto, las multinacionales no sólo pretenden influenciar en la actividad legislativa de los Estados a través de la persuasión y los contactos informales y las “puertas giratorias”, si no que quieren dejar en el propio texto del Tratado, otra de sus demandas, ya incorporada en el CETA, que es la creación de tribunales internacionales de arbitraje (ISDS). Este permitirá a las empresas denunciar a cualquier Estado que incorpore cambios legislativos que dañen sus intereses de inversión. Cualquier Gobierno progresista se puede ver expuesto a pagar indemnizaciones multimillonarias. Estos tribunales, además, permanecen ajenos a las salvaguardas habituales en la legislación estatal; por ejemplo, las empresas tendrán la posibilidad de participar en la elección de sus miembros, asegurándose siempre una visión favorable a sus denuncias.

Canadá, con una legislación generalmente más avanzada que la de EEUU, ya está sometido a la disciplina de los ISDS a través del NAFTA. La batería de casos pactados o perdidos frente a las multinacionales incluye la casi totalidad de sectores de interés público: compensación por limitar el uso de aditivos tóxicos en la gasolina, por poner trabas a la exportación de residuos peligrosos, por establecer mínimos de inversión en investigación y desarrollo, por recuperar la gestión de bienes comunes tras el cierre de una fábrica, etc. Y tales litigios y sus paralizadores efectos no dejan de ir en aumento, animados por las respuestas favorables a los intereses corporativos.

Finalmente, cabe considerar el mensaje político que se dirige a los países no partícipes de este acuerdo. De ratificarse el TTIP, las condiciones de la integración entre las mayores economías mundiales sentarían un importante precedente para la negociación de nuevos acuerdos multilaterales (como el TISA, sobre servicios) y, en definitiva, para la integración de los países en desarrollo en el comercio económico mundial, en el que ya participan en considerable desventaja frente a las principales potencias industriales.

Frente al programa neoliberal, debemos oponer nuestra propia agenda exterior: basada en la cooperación entre países, la ayuda al desarrollo y el respeto estricto de los derechos humanos y laborales.

No puede haber libertad sin justicia; tampoco en el comercio.

DOCUMENTO: El plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos de Europa

eldiario.es ha tenido acceso a una parte de la negociación secreta del Tratado de Libre Comercio con EEUU con la oferta inicial de servicios a liberalizar

La sanidad y la educación, en la mesa de negociaciones. Los servicios financieros quedan fuera del acuerdo por ahora.

El documento ha sido recibido a través de Filtrala.org, la herramienta de filtraciones anónimas

13/06/2014 – 12:00h

Primera página del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE
Primera página del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE

Europa y Estados Unidos negocian a espaldas de sus ciudadanos uno de los pactos que más influirán en la vida de los europeos en las próximas décadas. Se trata del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, conocido por sus siglas en inglés TTIP, y que busca igualar la regulación en ambas zonas económicas para potenciar el comercio y la inversión.

eldiario.es ha tenido acceso, en exclusiva junto a La Marea y Diagonal, a uno de los documentos secretos que sirven de base a la negociación ya que supone la oferta de servicios que Europa está dispuesta a negociar con Washington. El documento ha llegado a través de Filtrala.org, la herramienta de filtraciones anónimas en la que colaboran estos medios.

El acuerdo está en el punto de mira de organizaciones sociales y partidos de izquierda ya que sus efectos pueden suponer en la práctica una mayor liberalización de decenas de sectores en la UE, que tiene una normativa en general más exigente que en EEUU, y abre la puerta a un mayor poder de las empresas privadas.

El portavoz del comisiario de Comercio, Karel de Gucht, último responsable de la negociación del acuerdo, ha declinado hacer comentarios sobre este documento.

El borrador secreto ha llegado fragmentado en tres archivos y se extiende en al menos un centenar de páginas. La carátula del encabezado deja claro que es un documento secreto ya que las negociaciones se han clasificado como confidenciales en Europa y Estados Unidos, algo muy criticado por personas como Joseph Stiglitz, Noam Chomsky o Sami Naïr. Hasta el momento, solo se conocen  otros cuatro documentos de los decenas de informes que cruzan el océano. Aunque formalmente esta ronda de negociaciones comenzó en 2013, lleva décadas gestándose con sucesivos acuerdos y grupos de trabajo que se han formado en la UE y EEUU. Este documento tiene hoy (13 de junio) como fecha límite para que los estados miembros hagan sus aportaciones.

Esta es una oferta inicial, una suerte de catálogo, de lo que la Unión Europea está dispuesta a negociar con Estados Unidos para flexibilizar los negocios en el sector servicios. Cada una de las áreas que negocia el TTIP se discute en una comisión ad hoc, como en el caso de la energía, otro de los documentos filtrados con anterioridad en el que se hablaba de temas como el fracking. El que ha llegado a Filtrala.org es el borrador con el que trabaja la Comisión de Servicios e Inversión, lo que supone que se hace un recorrido por todos los servicios, incluidos los públicos, que se ofrecen a los ciudadanos. Esto implica que también se abra en el abanico de las ofertas cuestiones como los servicios sanitarios, servicios sociales, educación y cuestiones claves como los servicios de la energía. Es una lista en positivo de puntos que negociar. Es decir, se incluye todo lo que es susceptible de discusión.

En el membrete aparecen los sellos del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión, ya que la representación permanente de cada país en el Consejo es la que está negociando el acuerdo (no es posible que el Gobierno de cada país acuda continuamente a Bruselas para estas discusiones).

El documento marca el amplio perímetro de las negociaciones en servicios de la UE. Tras un listado de cautelas iniciales en el que la Comisión se reserva la posibilidad de negociar aspectos en una amplia panoplia de servicios que se consideran de seguridad nacional, luego muestra al socio norteamericano en qué áreas sería posible entablar una negociación. Los estados miembros deben fijar estas reservas por adelantado, ya que una vez firmado el acuerdo no se pueden introducir nuevas excepciones. Es una forma de no comprometerse a modificar un determinado aspecto en la legislación en los acuerdos multilaterales.

Las excepciones giran en torno a la extracción de petróleo, minería, producción nuclear y otros elementos sensibles como la pesca y la agricultura de las que la UE se desentiende de compromisos a priori. Su inclusión en la lista no es una negativa a discutir sino una reserva a no hacerlo en caso de que no interese a los estados.

Nota explicativa del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE
Nota explicativa del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE

El documento señala una a una las barreras de acceso al mercado que los estados miembros, o la UE en su conjunto, tienen actualmente en un sinfín de sectores, con el fin de negociar su total apertura. En una última columna (bajo el encabezado ‘Limitations o National Agreement’) se subraya también qué países favorecen la entrada a sus propios ciudadanos o empresas, una de las restricciones al mercado más importantes y que la UE lucha por limar.

El documento es un destape en toda regla en el que los eurócratas exhiben todas las flaquezas de los países miembros para que los estadounidenses sepan a qué restricciones se van a enfrentar y negocien su eliminación. En la nota inicial, la UE deja claro que esta propuesta inicial se hace a la espera de que “Estados Unidos ofrezca un nivel de transparencia significativo a nivel sub-federal”. Es decir, al otro lado del Atlántico se debería estar construyendo un borrador similar a este pero con las restricciones que plantean los Estados federados.

Línea roja en la banca

Es especialmente llamativo que solo un área queda fuera del texto: las finanzas. Aunque inicialmente los servicios financieros se iban a incluir en el Tratado, como todos los demás aspectos de la economía, EEUU ha puesto trabas en la negociación. Washington entiende que la actual regulación financiera es más exigente que la europea, gracias sobre todo a una de las últimas leyes aprobadas tras el estallido de la burbuja, la Dodd-Frank. Por este motivo, los estadounidenses han pedido excluir a las finanzas del marco de cooperación regulatoria, que les hubiera llevado a negociar su actual nivel de regulación financiera y hacerlo más laxo.

Este aspecto es muy importante, ya que tal y como recuerda Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, hace que los argumentos que esgrimen los negociadores para defender el Tratado “se caigan por su propio peso”. Si Estados Unidos no quiere negociar en el ámbito financiero porque supondría una rebaja de sus exigencias, está claro que el proceso de negociación se hace a la baja. En este caso, es la legislación comunitaria la que más tiene que perder ya que salvando el área de las finanzas, la UE es mucho más exigente en cuanto a normativa. Por ejemplo, el principal interés de EEUU es negociar la cooperación regulatoria en el campo de la energía, donde los estadounidenses son mucho más abiertos que los europeos.

El documento dice que “debido a la firme oposición de Estados Unidos a incluir cooperación regulatoria en el campo del acuerdo, se considera apropiado no incluir ningún compromiso en la oferta de servicios financieros por parte de la UE en este punto”. La Comisión deja la puerta abierta a que si “en el futuro” los estadounidenses cambian de opinión y se comprometen a abrir el melón de las finanzas, Europa también mostrará sus cartas.

Fragmento del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE
Fragmento del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE

Los servicios bancarios son por lo tanto la única línea roja marcada en el documento, y no por voluntad europea. Del resto, la UE muestra su deseo a hablar de todo, incluida la prestación de servicios médicos (lo que abriría aún más el negocio de la salud a las grandes corporaciones estadounidenses de sanidad), el transporte o la liberalización de los colegios profesionales. Desde los sindicatos europeos de servicio público se subraya que esta apertura a negociar este tipo de prestaciones atentará contra la calidad de los servicios y el empleo. Para Kucharz, es una “alerta a todas las mareas españolas. Es una megaamenaza a la calidad de los servicios públicos”.

Cabe resaltar que al hacer el recorrido de trabas actuales en los países de la Unión, España es uno de los países que menos aparece, en gran medida porque es uno de los países más liberalizados del Continente. Las escasas menciones que se encuentran de España son respecto a las restricciones de los colegios profesionales y, cómo no, a la posibilidad de poner una farmacia o al trabajo de los auditores contables.

Los defensores del acuerdo hablan de cifras por valor de miles de millones de impacto económico y de creación de empleo. Los detractores, de destrucción de miles de puestos de trabajo en Europa y de pérdida de derechos laborales.

Guía definitiva para entender el TTIP y algunos de sus secretos

Qué se negocia, quién y cómo afectaría el Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa

13/06/2015 – 20:55h  

Unas 2.000 personas se manifiestan en Bruselas contra el TTIP
Los movimientos sociales intentan poner coto a las negociaciones UE-EEUU

El TTIP es el Acuerdo o Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Un tratado de libre comercio, en definitiva, que no se conoce por sus siglas en español (ATCI) sino por el acrónimo inglés TTIP. La prensa francesa a veces también lo llama TAFTA. Pero el término TTIP se ha impuesto con contundencia.

¿Quién lo negocia?

Del lado europeo la Comisión Europea en exclusiva, a través del equipo negociador de la comisaria de Comercio Internacional, la liberal sueca Cecilia Malmström. Del lado estadounidense, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, una suerte de Ministerio de Comercio.

¿Desde cuándo se negocia?

En 1990, con la caída del Muro de Berlín todavía reciente, Estados Unidos y la entonces CEE firmaron la Primera Resolución Trasatlántica. El capítulo del comercio internacional entre las dos regiones occidentales se aparcó silenciosamente pero nunca se abandonó (como atestigua la Nueva Agenda Transatlántica, a mediados de los noventa). Desde 2006 el Parlamento Europeo insta a la Comisión a través de diversas resoluciones a negociar un mercado transatlántico. En julio de 2013 empezó en el más absoluto de los silencios la primera ronda negociadora. Hoy ya van nueve. La décima tendrá lugar en julio.

¿Cómo se negocia?

Con mucho secretismo, aunque cada vez menos fruto de la presión política, social y mediática: aún no hay acceso a los documentos ya cerrados (es decir, lo que se habría pactado ya, aunque desde la Comisión se niega a eldiario.es que haya ningún acuerdo específico) y los 751 eurodiputados pueden entrar por turnos, con muchas prohibiciones y bajo estrictas medidas de seguridad.

La simpleza de los textos que aparecen en la web habilitada por la Comisión impiden hacerse una idea de lo que se está discutiendo entre la UE y EEUU. Eso sí, hasta enero pasado a la famosa Reading Room (la sala con documentos confidenciales) solo podían acceder los eurodiputados de la comisión parlamentaria de Comercio Internacional (conocida por las siglas INTA). Además, se pretende obligar a Malmström a comparecer ante sus señorías antes y después de cada ronda negociadora. La Defensora del Pueblo Europea ha exigido en varias ocasiones abrir todavía más la transparencia del proceso.

  ¿Qué es lo que iba a votar el Parlamento Europeo?

Una opinión no vinculante plasmada en un informe cuyo ponente iba a ser el socialdemócrata germano Bernd Lange: la Eurocámara no posee ni la iniciativa legislativa ni el mandato negociador, pero desde el Tratado de Lisboa tiene plenas facultades para tumbar directivas y tratados en última instancia. La Comisión ha subrayado que tendrá en cuenta la opinión del Parlamento, aunque la votación del informe se aplazó el 9 de junio porque la división en el partido socialista europeo amenazaba con tumbar el trabajo de Lange. Por otra parte, a Malmström no le queda otra que seguir las líneas rojas marcadas por el hemiciclo de Estrasburgo, ya que éste tendrá en sus manos el voto final.

¿Traerá beneficios el tratado?

Muchos o ninguno, dependiendo a quién le preguntemos. Para la Comisión Europea son incalculables: tal es así que en un estudio de 2013, cuando el debate apenas despertaba ruido, se hablaba de la creación de “varios millones” de puestos de trabajo que para España ahora se han quedado en 140.000.  Otras estimaciones de la Comisión asumen un crecimiento del PIB global a ambos lados del Atlántico de al menos el 0,5% añadido. Los pros no terminan ahí: los beneficios comerciales para la UE alcanzarían los 119.000 millones de euros anuales que se traducirían en 545 euros más al año para cada hogar europeo.

Los críticos rechazan de plano esa visión idílica. Firmado hace 21 años (1994), el acuerdo de libre comercio NAFTA entre EEUU, Canadá y México provocó, combinado con otros factores, una merma de 700.000 empleos solo en Estados Unidos según las organizaciones sindicales de ese país. “Los precedentes demuestran que cuando, por la vía de los tratados de libre comercio, se aumenta descontroladamente el PIB de países con pobres defensas contra la desigualdad, los ricos sencillamente se hacen más ricos. Ya nadie cree en la Trickle-Down-Theory [teoría del “goteo de riqueza”] que supuestamente traen estos acuerdos”, subraya el analista Owen Tudor, cercano al laborismo británico.

¿Acabar con las barreras comerciales?

Los grandes defensores del TTIP se aferran a la  reducción de escollos comerciales como vía sanalotodo para apuntalar el tratado. No hay discurso de Malmström o de cualquier partidario en el que no se enumeren casos típicos sectoriales que en la actualidad se topan con obstáculos al exportar a EEUU: los abrigos para hombres añaden una tasa extra del 16%, las blusas de mujer asumen aranceles del 45% y así podríamos citar centenares de casos hasta acabar en el sector de las latas de conserva de Murcia (página 12), que abona un 15% más por vender en EEUU.

Pero la supresión de impedimentos técnicos para comercializar más fácilmente tiene un reverso, al que alude la propia Comisión Europea solo con la boca pequeña: terminar con las barreras significa armonizar toda la legislación concerniente al Estado del bienestar en las dos áreas geográficas: la inspección, los controles de calidad y las normativas sanitarias, la certificación de productos, el etiquetado, las prácticas medioambientales, los derechos socio-laborales, la sanidad… El verdadero TTIP descansa en esta homogeneización y no tanto en las facilidades que se darán a las compañías irlandesas de mantenimiento de software o al sector textil valenciano para colocar sus productos en Connecticut o en Portland.

  ¿Y cómo se plasmará dicha homogeneización normativa?

Otro punto sobre el que solo se puede divagar debido a la escasa información recibida: la Comisión y EEUU parecen haber acordado la instauración de un sistema de  “Cooperación Regulatoria” reforzada cuyo funcionamiento es un enigma y del que apenas si se sabe que contará con una suerte de consejo troncal que trabajará con bisturí en los distintos sectores. ¿Y quién se sentará en él? No se sabe muy bien, pero las rondas negociadoras apuntan a un magma en el que se congregarán instituciones, lobistas, accionistas o miembros de la “sociedad civil”, con lo que pueda significar lo segundo.  La organización europea de consumidores (BEUC) ya ha alertado de una “institucionalización surreal de los lobbies”.

¿Van a cambiar mis hábitos alimenticios?

Si las negociaciones no van desencaminadas, es una opción nada descartable. En el capítulo  sobre seguridad alimentaria y transgénicos (conocidos por sus siglas en inglés GMO), las conversaciones apuntan a que se dará libre  albedrío a los 28 estados-miembros para legislar sobre organismos genéticamente modificados; en materia de protección alimentaria las espadas siguen alzadas y la UE ha dicho que mantendrá las restricciones a las hormonas, los procesos de engordamiento del ganado y la ractopamina; EEUU su normativa microbiológica.

Bruselas aplica el principio “farm-to-fork” (que quiere decir que la inspección va de la granja al plato) y Washington solo al final del proceso. Por eso causa tanto pavor en Europa el caso del pollo clorado: en la producción industrial de pollos en EEUU es habitual sumergir a los  pollos en cloro (lejía) durante el proceso de producción, algo que sin embargo está prohibido en la muy restrictiva UE. De ahí que los productores cárnicos europeos se hayan alarmado ante la posible invasión de pollos clorados.

Hay quien no piensa igual. “Las importaciones de pollo clorado o carme hormonada no van a tener lugar”, rechaza Marietje Schaake, del grupo liberal Alde en la Eurocámara. “Un acuerdo de comercio no decidirá si los organismos genéticamente modificados pueden entrar en el mercado europeo o cómo pueden entrar en el mercado, al igual que los servicios públicos como la sanidad, la educación o suministro de agua no tienen cabida en este acuerdo y tienen que ser excluidos”.

Las organizaciones de agricultores y ganaderos se mantienen ambiguas en torno al TTIP, pero amenazan con un casus belli de aceptarse el consumo de alimentos hormonados. Los eurodiputados que apoyan el informe Lange sostienen que el texto establece un “magnífico” control sanitario y fitosanitario.

¿Y las denominaciones de origen?

El  temor de las marcas geográficas y especializaciones regionales (denominaciones de origen vinícolas, jamón de parma, champán francés) no es infundado ya que EEUU no reconoce las variedades geográficas. La Comisión ha tranquilizado a los productores asegurando que la protección geográfica será una línea roja y que sus productos se seguirán vendiendo en California con la etiqueta correspondiente, pero ¿quién asegura que no habrá una versión empeorada del Ribera de Duero del vinagre de Jerez made in Arkansas? De momento, nadie.

¿Qué más cuestiones abarca el TTIP?

La cuestión de la armonización de reglas tiene tantas variantes que es imposible desgranar todos los elementos potencialmente negociables (van nueve rondas, y probablemente solo estemos por el principio) del TTIP.  Una noticia de eldiario.es en febrero propició que la Comisión cambiara su posición sobre los productos cosméticos, después de filtrarse que la UE aceptaría más de un millar de sustancias prohibidas por Bruselas siempre que mediara un etiquetado indicando el potencial peligro. La estandarización alcanza la seguridad de los vehículos, los productos farmacéuticos, la maquinaria médica, etcétera.

Hay fervorosos partidarios, como el sector del acero que hace poco celebró el  EU Steel Day entre vivas al TTIP. Lo cuenta un directivo de un think-tank bruselense: “Cuando el presidente del lobby acerero proclamó ante el auditorio que esperaba que el tratado se aprobara lo antes posible la sala estalló en aplausos. De hecho, había un cartel gigantesco en inglés que decía: “No prestes atención a todo el ruido que sale de Bruselas. El TTIP va a aprobarse y da igual lo que piensen algunos”.

¿Y los servicios públicos?

Si la Comisión respeta la opinión del Parlamento Europeo, los servicios públicos (salud, educación, agua, transporte) quedan en el informe Lange bajo decisión de las respectivas autoridades locales, regionales o nacionales. Así ha sucedido con infraestructuras como el ferrocarril (un campo en el que no hay ninguna política europea común mínimamente seria, más allá de la señalización y otros reglamentos de seguridad).

¿Y qué es el ISDS?

El ISDS (el sistema que intercede entre un país y una multinacional en caso de litigio) implica que un tribunal, público o privado, mediará de producirse un conflicto en el que muy probablemente esté envuelta la gestión de la “cosa pública”.

Malmström ya ha dicho que la Comisión apuesta por incluir este mecanismo en la negociación, aunque ha ido dejando caer su inclinación por los tribunales privados. En la actualidad hay aproximadamente 1.600 tribunales de este tipo en todo el mundo, la mayoría firmados entre países ricos y países pobres o en vías de desarrollo para garantizar seguridad jurídica a las empresas.

“Las reformas planteadas sobre los ISDS van en la buena dirección, porque hay un rechazo a los mecanismos hasta ahora conocidos”, explica el holandés Harm Schepel, uno de los mayores expertos en Derecho Económico Internacional. “Mi duda es si la Comisión va ahora a renegociar los 1.200 acuerdos bilaterales que la UE en su conjunto o los estados-miembros tienen firmados con terceros. La realidad es que el ISDS no aporta ningún beneficio económico y siempre supone un trato desigual en función de si se trata de unas compañías u otras”.

¿EEUU es la gran interesada en el TTIP?

Para nada. Estados Unidos tiene bastante que perder. En materia alimentaria a veces garantiza más restricciones en según qué productos. Perdería la Buy American Act, la ley federal proteccionista promulgada en los años 30 del siglo pasado que prioriza la compra de los productos estadounidenses (destaca el caso del azúcar y otros productos agrícolas). En este blog se resalta la preocupación de las compañías energéticas por el incremento brutal de las exportaciones de gas de esquisto a la UE, el cual provocaría un aumento de los precios en EEUU. Tercero y más importante todavía, la reforma financiera de Obama es mucho más ambiciosa que cuantas se han promulgado en la UE a lo largo de los últimos años, a pesar de decenas de inútiles cumbres convocadas. “Yo quiero un tratado con EEUU en el que copiemos de pe a pa la reforma financiera norteamericana”, ha exclamado el ecologista francés Yannick Jadot, muy activo contra el TTIP.

¿Verá el TTIP la luz dentro de poco?

No, con toda seguridad. Las probabilidades de que se termine negociando en esta legislatura que vence en 2019 son incluso muy bajas, por lo que las conjeturas y las hipótesis a veces son el único arma a favor y en contra del TTIP. Eso quiere decir que, dentro de cuatro años, la mayoría política en Bruselas puede variar hacia posiciones abiertamente contrarias al tratado.

Sin embargo, supuestamente hay una gran mayoría a favor del tratado –populares (PPE), liberales (Alde), conservadores (ECR) y socialistas (S&D) aunque con matices y un importante cisma– lo que no ha evitado que el Parlamento Europeo fuese incapaz de  votar el informe de opinión sobre el TTIP: ante el riesgo de perder la votación, los partidarios prefirieron posponerlo.

TTIP: Lo que no sabes del Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU

El TTIP en dos minutos

Acuerdo marcado por numerosas críticas y falta de transparencia

Las elecciones estadounidenses pueden retrasar su aprobación hasta en tres años

30/04/2016 14:36

A estas alturas, quizá usted aún no sepa a qué se refieren las siglas TTIP. No se extrañe, no es el único, a pesar de que el Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés), lleva ya casi tres años en el ojo del huracán de la UE cuyas negociaciones con EEUU no terminan de cuajar. Mañana, lunes, comienza la decimotercera ronda de negociaciones en Washington y, aun así, no son pocas las voces que hablan de que este acuerdo, marcado por las numerosas críticas y la falta de transparencia, no llegará a buen puerto.

¿Qué es exactamente el TTIP?

Empezó a fraguarse a finales de 2011 cuando un grupo de líderes europeos y americanos estudiaba la posible puesta en marcha de políticas que ayudasen a incrementar el comercio y la inversión entre EEUU y la UE. Las negociaciones no empezaron hasta julio de 2013, pero el nivel de secretismo en el que se mantenían era tal que pasó casi un año hasta que el asunto llegó a la prensa. Tanto misterio ha creado muchos problemas en el lado político del tratado ya que, por supuesto, no se entiende que un plan de tales características se mantenga oculto hasta para los propios eurodiputados, pero en el plano comercial, el TTIP despierta igualmente pasiones y odios.

¿Qué dicen sus defensores?

Que dinamizará los intercambios transatlánticos entre dos grandes zonas que comparten, además, muchos ideales políticos y económicos. Al mismo tiempo, defienden que simplificará y facilitará la vida de las empresas reduciendo las tarifas aduaneras así como trámites burocráticos. Grandes empresas, como General Electric, implantada en ambos lados del Atlántico, esperan con ansia un acuerdo que aumentaría las exportaciones.

¿Y sus detractores?

Los detractores, alineados en su mayoría entorno al movimiento Stop TTIP (Ecologistas en Acción, Attac y hasta otros 500 colectivos y movimientos políticos, así como sectores de la industria agroalimentaria), aseguran que busca establecer una cooperación legislativa para responder a las quejas de las grandes multinacionales, que denuncian pérdidas económicas por las diferentes legislaciones. El temor es que esta bajada afecte a toda la legislación que protege los derechos de la ciudadanía y el medioambiente. Por ejemplo, la UE practica una política más proteccionista en cuanto a transgénicos o productos químicos peligrosos; también en sectores como el sanitario o el ganadero tenemos mayores barreras comerciales que EEUU.

¿Cómo afectará a España?

En el caso de España, sectores donde la exportación es elevada podrían salir beneficiados, concretamente aquellos en los que los derechos de aduanas en EEUU son especialmente altos y que además compiten con otros países que no tienen que pagar dichos derechos. Por ejemplo, el sector del textil y confección, así como el calzado, las conservas de pescado y otros productos agroalimentarios. Pero también es esta industria la que más reticente se muestra, sobre todo en el caso de la ganadería, donde América es mucho más competitiva. Los negociadores plantean ahora que la eliminación de aduanas en este sentido no sea total, sino parcialmente controlada. Tampoco es evidente que el acuerdo sea favorable a las pymes.

¿Qué punto es el más polémico?

El que se refiere a la resolución de conflictos jurídicos entre empresas y estados a través de tribunales de arbitraje inversor-Estados, de carácter privado. Una cláusula (ISDS, por sus siglas en inglés) que se incluye en los tratados comerciales bilaterales buscando la mayor seguridad jurídica para las empresas que invierten en países en vías de desarrollo. Este aspecto de las negociaciones supuso un importante freno entre mayo y julio del año pasado cuando el Parlamento Europeo debía aprobar un informe con las líneas rojas que la Comisión Europea no debía sobrepasar.

¿En qué fase se encuentra?

El tiempo se echa encima por las elecciones de EEUU, en noviembre, y que supondrían o el abandono total del tratado o un freno de hasta dos o tres años. Y es que ninguno de los candidatos a la Casa Blanca parece respaldarlo, como sí ha estado haciendo Obama. Que Francia y Alemania estén igualmente cerca de entrar en campaña electoral no ayuda. Una vez aprobado por ambas instituciones, el acuerdo debería ser validado por los parlamentos nacionales y esto tampoco parece seguro pues, de nuevo, Alemania y Francia tienen corrientes muy críticas.

Todo lo que esconde el CETA firmado por la UE y Canadá

1 noviembre 2016 | Categorías: Internacional, Opinión, TTIP / CETA / TISA, Unión Europea | |

Adoración Guamán /Alexandre Mato / Pablo Sánchez Centellas – ctxt.es

http://www.attac.es/2016/11/01/todo-lo-que-esconde-el-ceta-firmado-por-la-ue-y-canada/

Un análisis del recorrido del acuerdo durante las últimas semanas y de los textos firmados finalmente demuestra que, en todo caso, la victoria de la Comisión y sus aliados es una victoria pírrica

Jean-Claude Juncker, Justin Trudeau, Donald Tusk y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, durante la firma del CETA este domingo 30 de octubre.

El CETA está firmado: la UE y Canadá plasmaron su firma el domingo 30 de octubre en Bruselas. “Lo conseguimos”, dijo la ministra de Comercio de Canadá, Chrystia Freeland, a punto de saltar de alegría entre las sonrisas de los políticos presentes en la Cumbre de última hora convocada tras la ‘rendición’ de Valonia, la región belga que durante dos semanas ha bloqueado el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá.

La puesta en escena y el lenguaje corporal mostraron que la Comisión Europea, los gobiernos del continente y el canadiense y las grandes empresas que han empujado por este Tratado Comercial han salvado un momento crítico. La política comercial comunitaria “ha recuperado su credibilidad”, decía aliviada su responsable en la UE, la comisaria sueca Cecilia Malmström, mientras se escenificaba lo que aparentemente ha sido una victoria frente a sindicatos, organizaciones sociales o ecologistas y sobre Valonia, la pequeña aldea gala del siglo XXI que puso contra las cuerdas al mismísimo Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

Pero, ¿realmente han ganado los que apostaban por el tratado? ¿Han sido en vano los esfuerzos de las campañas de las organizaciones sociales y la izquierda europea? Un análisis del recorrido del acuerdo en las últimas semanas y de los textos firmados finalmente demuestra que, en todo caso, la victoria de la Comisión y sus aliados es una victoria pírrica.

Han sido quince días de “presiones increíbles” sufridas por Valonia, la pequeña región de apenas el 1% de la población de la UE, donde se han concentrado todos los poderes políticos (y económicos) hasta conseguir torcer el brazo de su gobierno. El líder de los socialistas belgas y ex primer ministro, Elio di Rupo, llegó a asegurar que tanto él como el ministro-presidente de Valonia, Paul Magnette, habían sufrido coacciones directas de los dirigentes europeos.

También el presidente del Europarlamento, Martin Schulz, en una actitud sin precedentes, ha llegado a presionar al presidente socialista del gobierno valón para que se rindiera a las presiones de la Comisión. El también socialista alemán realizó esas presiones sin la aquiescencia de la Eurocámara, y diversas eurodiputadas/os quieren pedirle responsabilidades.

Las presiones se han librado también en los grandes medios, que han intentando sacarle los colores al gobierno valón por su declive económico, utilizando cuestiones como el reciente cierre de la fábrica de maquinaria Caterpillar para intentar justificar la necesaria apertura a las inversiones extranjeras que se promueve con el CETA. De hecho, aunque en la Comisión afirman que “han respetado con paciencia” los tiempos de las instituciones belgas, Juncker ha reconocido que sus negociaciones habían ido más allá del gobierno federal del país. Un equipo de la Comisión visitó varias veces Namur, capital de Valonia, durante los días del rechazo al CETA para discutir directamente sus objeciones.

La resistencia de la pequeña Valonia representaba en realidad el esfuerzo de miles de activistas que llevan años de campaña contra el CETA y el TTIP, y sumaba las reticencias de otros Estados miembros que no acababan de estar cómodos con el acuerdo en ciernes y que han exigido, al calor de las negociaciones para convencer a la región belga, introducir cambios en el texto de la manera que fuera posible.

En realidad, tras dos semanas de fracasos (un Consejo de Comercio que no pudo firmar el acuerdo, una Cumbre de líderes europeos con el primer ministro belga cabizbajo, incapaz de convencer a los valones, una ministra canadiense llorando, horas interminables de negociaciones…) se podría afirmar que ha sido la Comisión la que ha dado su brazo a torcer.

Es cierto que el presidente Juncker y su equipo, con Malmström al frente, han salvado la cara evitando “un golpe muy serio a la política comercial común y a la credibilidad de la UE”, en palabras de un alto diplomático de un país europeo. Pero tampoco puede negarse que Valonia solo ha bajado los brazos tras conseguir un acuerdo de escala nacional con numerosas condiciones, que también se han plasmado de manera parcial en la Declaración firmada como anexo al CETA. En todo caso, tras la firma quedan numerosos pasos por dar para que el acuerdo con Canadá entre en vigor, de manera provisional primero y de manera total posteriormente.

El camino que le queda al CETA

El primer reto del CETA será conseguir el apoyo de la mayoría simple de las y los diputados del Parlamento Europeo, en una votación que, si no se celebra en diciembre, deberá esperar a febrero. En principio, ese primer trámite no debería dar problemas a las partes firmantes: votará a favor la gran coalición de facto, formada por los conservadores del PP Europeo y el grupo de los ‘Socialistas y Demócratas’, a la que se unirán los liberales del ALDE, el cuarto grupo de la Cámara. La oposición quedará en manos del GUE/NGL, el grupo de izquierdas del Parlamento, y Los Verdes, junto a algunas eurodiputadas/os belgas y franceses.

Es sabido, también, que los socialdemócratas franceses en conjunto están siendo muy combativos en las negociaciones del TTIP, el tratado comercial con Estados Unidos, así que la disciplina de voto socialista podría romperse. En todo caso, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha señalado que su previsión “es que no habrá problemas en el Parlamento Europeo”.

Una vez aprobado el CETA por el Parlamento Europeo, las dos partes procederán a la aplicación provisional del acuerdo. Este es el as en la manga de la Comisión, ya que permitirá que el tratado se aplique sin el tercer paso necesario para su ratificación, la aprobación por cada Estado de la UE. Sin embargo, gracias a las reticencias de Valonia, de numerosos juristas, del Tribunal Constitucional alemán y de varios países, la aplicación provisional sólo se producirá respecto de determinadas partes del tratado y no respecto de la totalidad del capítulo más criticado: el de la protección de la inversión extranjera. Aun así, durante la rueda de prensa tras la firma, el propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha señalado que “una de las claves es que la entrada en vigor provisional representa el 98% de lo que es el CETA”.

A partir de ahí, el CETA libraría su última batalla, una lid con casi 40 escenarios pues en algunos Estados miembros, como evidentemente Bélgica, el Tratado requerirá la aprobación en los parlamentos regionales. Por esta razón, Bruselas tiembla ante otros ‘valones’ en cualquier rincón del continente y, entre bambalinas, no se descarta que probablemente el acuerdo con Canadá nunca llegue a ser ratificado del todo.

Si finalmente el CETA descarrila porque alguno de los Estados Miembros de la UE no lo ratifica o, incluso, si un Tribunal Constitucional o una institución similar falla en contra de la compatibilidad entre el CETA y alguna de las Constituciones nacionales, finalizaría la aplicación provisional del acuerdo. La duda estriba en saber cuándo va a ocurrir esto ¿será inmediato el cese de la aplicación? ¿Habrá un tiempo mínimo para que el CETA muera definitivamente?

Esta cuestión ha ocupado, entre otras, un lugar central en el debate que ha llevado hasta el sí de Valonia. Si repasamos los documentos publicados tras la negociación en Bélgica se observa que la aquiescencia valona se ha conseguido mediante la adopción de una resolución firmada por el conjunto de autoridades belgas implicadas. Este texto, resultante de la negociación intrabelga, establece condiciones importantes que pueden lastrar la vida del Tratado.

Las condiciones de Valonia

En primer lugar, y como declaración principal, las autoridades implicadas van a realizar a intervalos regulares evaluaciones de las implicaciones sociales y ambientales de la aplicación provisional. Si una de las entidades federadas informa al gobierno belga de su decisión definitiva y permanente de no ratificarlo, éste deberá notificar en un plazo máximo de un año al Consejo la imposibilidad total de ratificación. Valonia y las otras federaciones siguen teniendo en su mano la muerte definitiva del CETA.

Un segundo punto clave es que los distintos Gobiernos belgas también han acordado elevar ante el Tribunal de Justicia de la UE una solicitud de examen de la compatibilidad del mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ICS) con los Tratados de la UE. Estas regiones han manifestado en ese mismo texto su negativa a ratificar el CETA si se mantiene el capítulo 8, respecto de la inversión extranjera, tal y como está en el texto.

Además, la resolución incluye una previsión de activar la cláusula de salvaguarda en materia de agricultura, y la obligación de que el Parlamento belga apruebe cualquier iniciativa en materia de cooperación reguladora que trate competencias compartidas con Bélgica.

Las reclamaciones valonas contra el CETA también han estado muy centradas en los posibles cambios de la legislación europea en áreas como los productos transgénicos, en concreto sobre su “autorización, comercialización, crecimiento y etiquetado” en suelo europeo. El texto belga “reafirma que el CETA no afectará a la legislación de la UE” sobre estos alimentos, pero no hace mención, por ejemplo, a posibles problemas en la gestión del agua.

El resto del acuerdo intrabelga se vincula con el contenido de la Declaración interpretativa del CETA que llevaba meses fraguándose y que ha sido engordada y acabada in extremis, como único camino posible para sortear obstáculos que parecían infranqueables.

Realmente ¿qué han firmado la UE y Canadá?

El contenido del CETA finalmente firmado no ha cambiado, es exactamente el mismo que rechazó el Parlamento valón y que ha suscitado las críticas de Estados, movimientos sociales, sindicatos e incluso del propio Tribunal Constitucional alemán. Sin embargo, junto con el CETA se ha firmado una Declaración anexa que debe entenderse como parte del acuerdo.

Esta declaración de 12 páginas contiene dos novedades fundamentales respecto de los textos filtrados antes de que Valonia se rebelara. Por un lado, la Declaración se reconoce a sí misma como interpretación obligatoria en el sentido del artículo 31 del Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados. El CETA, por tanto, debe interpretarse según el sentido que le dé esa declaración, que incluye un listado de los artículos específicos a los que afecta y que deben ser interpretados según sus indicaciones.

Esta contundencia choca con la segunda de las novedades que incluye la Declaración, con afirmaciones que van en sentido totalmente contrario al contenido del CETA. Por ejemplo, en la Declaración se reconoce que del CETA no se va a derivar un trato más favorable para los inversores extranjeros que para los nacionales. Si aplicamos estrictamente esta idea, directamente hemos de eliminar del texto el mecanismo de solución de controversias inversor-estado (ICS), lo cual significaría dejar caer una de las piezas fundamentales del Tratado. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Están diciendo realmente una cosa y la contraria? La respuesta puede estar en el propio artículo 31 del mencionado Convenio de Viena, donde se señala que la interpretación de todo tratado debe realizarse en primer lugar atendiendo a su texto y en segundo lugar a las declaraciones anexas. Si se aplica esta norma de manera rigurosa queda claro que, en todo caso, va a primar lo que diga el CETA, lo que sin duda resta valor a la Declaración que tantos esfuerzos ha costado firmar.

El anexo parece escrito para fomentar la tranquilidad. Su preámbulo tiene un aroma conocido y repite las bondades del CETA y sus potencialidades para impulsar la economía, incluyendo afirmaciones como que “el principal propósito del comercio es aumentar el bienestar de la ciudadanía”; el reconocimiento del derecho a regular; el reconocimiento de la capacidad de ambas partes de plantear y conseguir sus “objetivos legítimos de políticas públicas” decididas por sus instituciones democráticas; o la afirmación de que el CETA no rebajará los estándares y regulaciones relativas a la salud, protección del consumidor, ambiente o protección de los derechos laborales. Ambas partes reafirman su compromiso con el principio de precaución y reiteran que la cooperación en materia normativa será voluntaria, algo que es evidente según el capítulo 21 del CETA. No se explica en cambio que si una de las partes decide “voluntariamente” apartarse del método de cooperación debe justificarlo y esta justificación no es sencilla.

A partir de ahí la Declaración aborda los temas que más reticencias y polémica han despertado durante las negociaciones: el derecho a regular de los Estados y sus entidades, los mecanismos de cooperación reguladora, los servicios públicos, el ICS (el mecanismo de arbitraje entre inversor y Estado), el desarrollo sostenible (en cuestiones laborales y ambientales), las consultas con los agentes sociales, la contratación pública, el agua, las pymes o la protección de los pueblos aborígenes de Canadá.

En muchos de estos puntos la Declaración es una mera repetición de lo dicho hasta ahora: buenas intenciones sin modificar el texto del CETA. Sin embargo, hay algunas novedades como la mención a los sistemas de seguridad social, que se reconocen expresamente fuera del ámbito del tratado, y quedan exentos de las obligaciones de liberalización establecidas para el conjunto de los servicios en diversos capítulos del CETA.

Otro ejemplo es la materia laboral, ya que se afirma que los mecanismos de sanción por incumplimiento de los estándares laborales (mínimos) serán vinculantes, un extremo que no está establecido en el tratado y que, sin duda, generará confusión a la hora de activar estos mecanismos. Una parte positiva es que se remarca que el CETA no afecta a los derechos de negociación colectiva y de huelga.

Menos clara resulta la parte de la declaración que atañe a la contratación pública: se afirma que ninguna previsión del CETA va a ser un obstáculo para la introducción de cláusulas sociales y ambientales, pero el contenido del Tratado apunta a lo contrario. También se subraya que los stakeholders, o partes con intereses en el CETA, no son solo empresas, sino sindicatos, grupos ecologistas, cosa que hasta ahora no se contemplaba.

La parte dedicada a la protección de la inversión extranjera es la que más profundamente afecta al contenido del CETA. Para matizar la frase comentada sobre la no discriminación entre inversores extranjeros y nacionales, en la Declaración se indica que el “trato igual”  significa que los inversores extranjeros pueden, que no deben, utilizar los tribunales estatales. Además, se clarifica que una modificación normativa no puede ser objeto de un recurso de un inversor, y que sólo las empresas con un claro vínculo con Canadá o la UE podrán utilizar estos mecanismos (lo que no es óbice para que el mecanismo siga siendo una avenida para las empresas de EEUU porque muchas tienen filiales en Canadá).

La Declaración incluye cuestiones que ya se habían afirmado como un maquillaje que no cambia el corazón del mecanismo de ICS (jueces seleccionados por su currículum, un código de conducta, normas de remuneración, etc). Ante este contenido, los sectores críticos recuerdan que el principal problema es que el mecanismo de ICS genera una justicia paralela sólo al alcance de las empresas extranjeras, algo que no cambia con la Declaración anexa. Haciendo bandera de esta nueva aproximación a los mecanismos de solución de controversia inversor-Estado, la Declaración confirma la voluntad de la UE de caminar con rapidez y con el apoyo de Canadá hacia una Corte Multilateral de Inversiones.

También es importante señalar que la Declaración incluye la cuestión del agua. Aunque la Comisión había prometido dejar este asunto fuera del acuerdo, el European Water Movement ha analizado el capítulo del CETA sobre ‘Derechos y obligaciones relacionados con el agua’ y concluye que facilitará en Europa y Canadá “el acaparamiento del agua por parte de empresas multinacionales”. Aunque este capítulo considera que el agua no es un bien ni un producto y, por tanto, queda fuera del acuerdo comercial, el European Water Movement alerta de que sus usos posteriores como mercancía (agua potable, saneamiento o riego agrícola) sí abren la posibilidad de que esté sujeta a los mecanismos del CETA. Para contrarrestar estas críticas, se ha introducido una cláusula interpretativa asegurando que “nada en el Acuerdo obliga a la UE a permitir el uso comercial del agua para cualquier propósito”.                                                 

Tras el CETA, ¿está muerto el TTIP?

Juncker y su equipo, la autodeclarada “Comisión política y no de tecnócratas”, tienen serios problemas para sacar adelante su agenda política y especialmente uno de sus pilares, la política comercial. En el último choque de trenes europeo se ha evidenciado cómo, en este tema, lo que debería haber sido un paseo triunfal se ha convertido en una pírrica victoria y esto va a afectar sin duda al TTIP.

La suerte del tratado con los Estados Unidos está en sus horas más bajas. Los socialistas del continente están divididos y tienen por delante muchas votaciones para ahondar en sus contradicciones, sobre todo por sus repetidas sentencias de muerte al TTIP. El tiempo dirá si se materializan estas sentencias de muerte de ciertos políticos franceses y alemanes en horas preelectorales pero, de momento, ponen palos en las ruedas de los Tratados de Libre Comercio de nueva generación. Por añadidura, una gran parte de la ciudadanía conoce el CETA, el TISA –Acuerdo sobre el Comercio de Servicios que negocian 23 miembros de la OMC– y sobre todo el TTIP.

La lucha pública de Valonia en las dos últimas semanas ha supuesto un espaldarazo y un reconocimiento a la labor de las campañas y movimientos sociales que, en palabras de sus miembros, van a seguir peleando para extender el conocimiento y el rechazo de estos tratados al conjunto del continente. Como apuntan desde los movimientos de rechazo al CETA, “puede parecer que hemos perdido una batalla, pero hemos salido con la moral alta y el grueso de las tropas intactas, no todos pueden decir lo mismo. Ahora no vamos a bajar la guardia, tenemos por delante la votación en el Parlamento Europeo y hay que seguir en las calles”.

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  • Adoración Guamán es profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia.
  • Alexandre Mato
    Periodista por la UCM, donde cursó un Máster en Relaciones Internacionales. Antiguo editor jefe de cierre de ‘Mercados’, ha pasado por la Cadena Ser, Informativos Telecinco y ‘El Confidencial’. Colabora con la TVG o Telemadrid. Vive en Bruselas. @xandre_mato
  • Pablo Sánchez Centellas

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Las obligaciones del nuevo Gobierno de Rajoy con los emprendedores

Entre ellas, cuota gratis para quien gane poco, penalizar la morosidad, fomentar el crowdfunding, no subir impuestos y reducir la burocracia

Mariano Rajoy nombrará mañana a su nuevo Gabinete, cuya acción de Gobierno estará condicionada por el pacto de investidura que firmaron PP y Ciudadanos el 28 de agosto. El documento, llamado “150 compromisos para mejorar España”, prioriza el apoyo a los emprendedores como elemento de crecimiento económico y de lucha contra el desempleo.

La reciente bajada de la tasa de paro al 18,9%, la progresiva apertura del grifo de la financiación por parte de la banca y la existencia de un Gobierno con plenas funciones son incentivos para quienes tienen pensado emprender un proyecto. Analizamos las claves del nuevo escenario:

Lo primero: medidas urgentes

En menos de un mes, el nuevo Gobierno tomará estas medidas de choque:

– Ampliar de seis meses a un año la cuota de 50 euros de la Seguridad Social para nuevos autónomos.

– Calcular el importe de la cotización según los días trabajados en los meses de altas y bajas. Ahora se paga la mensualidad entera aunque sólo se haya trabajado un día.

– Cotización gratuita para las mujeres de baja por maternidad.

Reforma del Régimen de Autónomos: quienes no lleguen al SMI no pagarán

El acuerdo prevé una reforma integral del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, que estará sometida a debate parlamentario y tendrá estas características:

– Quienes tengan un beneficio neto inferior al salario mínimo (9.172,80 euros anuales) no tendrán la obligación de cotizar y, por tanto, de pagar la cuota de autónomo.

– Se establecerán fórmulas de cotización para autónomos a tiempo parcial y no habituales, aunque no se determinan cuáles. Esto permitirá, por ejemplo, compatibilizar un trabajo por cuenta ajena con ganar dinero con un blog o haciendo trabajos esporádicos.

– Será totalmente compatible cobrar una pensión por jubilación y desarrollar una actividad por cuenta propia. Ahora sólo se puede si los ingresos son inferiores al SMI.

– Para el cobro de la jubilación, los autónomos podrán optar por contabilizar toda la vida laboral o por el criterio actual de los últimos 25 años.

Se equiparará la protección y las prestaciones a las de los trabajadores en Régimen General, aunque tampoco se dan detalles. El punto más controvertido es la prestación por desempleo, por la dificultad de los autónomos para cumplir con los requisitos para cobrarla y porque su duración y cuantía están muy alejadas de las de los trabajadores por cuenta ajena.

Penalizaciones para los morosos

Las empresas que no cumplan con los plazos legales de pago (60 días las entidades privadas y 30 las públicas) no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o de cotización social.

Compromiso de no subir impuestos

La rebaja del IRPF que se contempla en el acuerdo también afectará a los trabajadores autónomos. En concreto, el Ejecutivo no subirá el IRPF esta legislatura, que actualmente está entre el 20 y 45,5%, y lo bajará dos puntos cuando España alcance el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3%.

Tampoco subirá el Impuesto de Sociedades, que está actualmente en un 25% en el tipo general y en un 15% durante dos años para las empresas creadas en 2015 y 2016.

El texto también recoge que, cuando una PYME (empresa de menos de 250 trabajadores y 50 millones de facturación) invierta sus beneficios sobre sí misma, podrá tener una rebaja de hasta 10 puntos en Sociedades.

Alternativas a la financiación bancaria: capital semilla y crowdfunding

El acuerdo entre PP y Ciudadanos contempla el apoyo a fórmulas de financiación alternativas a la banca y a los institutos oficiales de crédito, como la creación de un programa de “Capital Semilla” y la supresión del límite en la captación de fondos de crowdfunding (préstamos de familiares y del entorno del emprendedor), actualmente situado en 10.000 euros.

El futuro programa de “Capital Semilla” estará basado en el “Seed Enterprise Investment Scheme” que lanzó el Gobierno británico en 2012 y que consiste en establecer una serie de exenciones fiscales y garantías para los inversores privados que financien “startups” (empresas emergentes).

Simplificación de la burocracia

Uno de los inconvenientes que encuentran los futuros emprendedores es la complejidad burocrática para darse de alta y entender el sistema fiscal. La solución que llevará a cabo el Ejecutivo es crear un “instituto especializado en el apoyo a las PYMES”, a imagen del “Small Business Services” inglés, que actuará como interlocutor único.

De forma etérea, entre las 150 medidas está el “Impulso a la Economía Digital”, que habla de una “mejora de las infraestructuras”, el fomento de los “servicios de contenidos digitales”, la generalización del uso de las redes 4G y la potenciación del comercio electrónico. El Gobierno tendrá que explicar cómo se materializarán estas propuestas.

Análisis del ecosistema emprendedor de Israel: Educación

Tras mi viaje a Israel en el que estuve analizando el ecosistema emprendedor del país, y del que hemos hablado ya largo y tendido en este blog, toca hablar de uno de los aspectos claves: la educación. Porque para poder transformar un país es absolutamente imprescindible pensar a largo plazo… y eso implica hablar de educación.

Como sabéis a raíz de mi análisis sobre el ecosistema para emprender de Israel surgieron varios artículos que evaluaban distintos componentes del mismo, pero hasta el momento no habíamos tocado uno de los más importantes, y posiblemente de los más complejos, porque no hay nada más importante para el futuro ecosistema emprendedor de un país que la educación… ni nada a lo que habitualmente se le haga menos caso

El motivo es sencillo. Se trata de algo que tarda muchos años en dar sus frutos… y por eso habitualmente los políticos no se preocupan realmente de ella. Pero en Israel sin embargo sucedió justo lo contrario. Tras hablar con distintos miembros de gobierno, startups o fondos inversores, existe un motivación común basada en la necesidad, tal como ellos afirman:

No tenemos una tierra especialmente fértil, ni recursos naturales ni un mercado regional fuerte (respecto a los países que los rodean) … lo que sí tenemos son personas con talento. Y vamos a ocuparnos de convertir esa materia prima en la fuente de riqueza del país.

Una visión de la educación en Israel

Israel fue designado como el segundo país del mundo más educado en el informe de la OCDE Education at a Glance de 2012-201 (un dato curioso que se contrapone con el hecho de que los profesores unos salarios que se sitúan entre los más bajos del mundo para docentes.). Los datos que arroja el informe son sin duda interesantes:

El informe afirma que el 78% del dinero invertido en educación proviene de fondos públicos, y que al menos un 45% de la población tiene un grado universitario

En Israel la formación es algo más complicada que en otros países, ya que al tratarse de un país en el que la milicia es obligatoria para toda la población, existen algunas dinámicas curiosas que únicamente se producen allí. Así que voy a intentar analizar su ecosistema educativo (relacionado con el emprendimiento) en tres sentidos atendiendo al orden en el que se produce:

  • Educación para los jóvenes
  • Educación militar
  • Educación universitaria

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA SECUNDARIA

La educación emprendedora comienza de forma temprana en Israel (aunque posiblemente más tarde de lo que sería aconsejable). Es habitual que en los institutos se anime a los alumnos a proponer nuevas ideas para crear startups, que serán incubadas en el propio instituto, donde se les ayudará a que prueben nuevos enfoques, a que se equivoquen y sobre todo, a que aprendan.

También se hace un profundo hincapié en uno de los aspectos más importantes de la educación emprendedora, el desarrollo de competencias y habilidades personales que serán clave en el futuro de estos emprendedores, como la autoconfianza, creatividad, valor o pasión por los retos.

EDUCACIÓN EN EL EJÉRCITO

Una vez finalizado el periodo de formación secundaria, los jóvenes israelís tienen que superar un exámen de cualificación denominado BAGRUT con pruebas escritas y orales, similar a la selectividad en España, y que permite el paso a la Universidad.

Pero antes de ello los jóvenes de ambos sexos deben prestar el servicio militar, obligatorio para prácticamente todo el mundo. Se trata de un largo periodo (como mínimo 36 meses para los hombres y 21 para las mujeres) en el que no sólo se forma en tácticas militares a los reclutas, sino que su educación se mima y complementa con muchas otras materias no bélicas.

Además el espíritu militar dista mucho del habitual en otros países, ya que su objetivo no es crear obedientes soldados sin cerebro sino de de potenciar la creatividad. Por ejemplo, en él se valora y recompensa a los soldados que piensan por sí mismos, en contraposición a los “cabeza pequeña” o roshkatan que siguen las órdenes sin pensar… algo determinante en la cultura de Israel.

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Además es habitual, tal como explican en el apasionante libro Startup Nation, que exista auténticas “colas” para entrar en las fuerzas de élite tecnológicas de las IDF (Fuerzas de defensa israelís), como la unidad 8200 y de donde han salido grandes compañías como Checkpoint o ICQ. Y es que es bastante típico que los fundadores se conozcan haciendo el servicio militar y pongan la semilla de futuras startups.

Como ya hemos comentado, la educación tradicional no es probablemente la más determinante en Israel, hasta el punto que más a menudo que “donde has estudiado” aparece la pregunta “en qué unidad serviste” en las entrevistas de trabajo.

Todo esto es algo difícil de valorar y sobre todo, de trasplantar a otros países… pero no me cabe duda que el hecho de que los jóvenes comiencen su educación universitaria tres años más tarde que sus compatriotas europeos o estadounidenses y tras haber pasado ese periodo en un servicio militar diferente tiene un impacto importante en su responsabilidad y determinación

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN LA UNIVERSIDAD

Como hemos visto la educación es un elemento clave en el ecosistema emprendedor de Israel, que además se distingue por unas universidades muy exigentes a las que los alumnos entran tras haber realizado el servicio militar (y a menudo tras pasar un año sabático viajando por el mundo con el dinero de la paga del ejército).

Pero quizás lo más interesante es la filosofía que guía muchas de las universidades, tremendamente enfocada a ayudar a que los estudiantes pongan la teoría en práctica, donde el fracaso es reconocido como algo normal parte del proceso de aprendizaje y donde el emprendimiento es clave en la educación.

Me llamó mucho la atención en la Universidad de Tel Aviv uno de los tablones de anuncios de uno de los pasillos en los que me fijé: además de las tradicionales fiestas de estudiantes había varios hackathons, un día de presentación de presentaciones ante business angels e inversores, varios eventos de emprendedores y un par de anuncios de búsqueda de co-fundadores. Sin duda diferente.

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Una de las personas más interesantes con las que tuve la suerte de charlar fue con Oren Simanian, fundador y CEO de StarTAU, el centro para el emprendimiento de la universidad de Tel Aviv. Estuvimos charlando sobre cómo nació StartTAU, y la historia sin duda es curiosa:

Cuando estudiábamos aquí un día nos dimos cuenta de que no había dentro de nuestra universidad nadie que ayudase a los estudiantes que iban a emprender… así que nos pusimos manos a la obra: “secuestramos” un par de aulas, “cogimos prestados” recursos de otros proyectos y nos pusimos a trabajar. No pedimos permiso, la universidad nos dijo: “Probad, y luego hablamos”… y la iniciativa fue un éxito.  Ahora ayudamos a través de programas formativos, mentoring o red de contactos a los estudiantes que se deciden a emprender.

Algo francamente curioso y que en mi experiencia es la antítesis de cómo sería en una universidad española, con decenas de requisitos previos, firmas, autorizaciones de las más altas esferas, burocracia, documentos…

Otra de las reuniones más interesantes que tuve fue con el Director de transferencia tecnológica del Weizmann Institute (la 12ª mejor institución académica del mundo y la primera de fuera de Norte América). Nos recibió en una sala de reuniones de aspecto francamente espartano (ya que considera que el dinero del estado y mecenas debe gastarse en mejores microscopios y no en muebles más ostentosos), y comenzamos hablando sobre la financiación de su institución, algo interesante:

El estado hace años nos avisó que iba a disminuir su aportación gradualmente en la institución, de cerca del 70% inicial a algo menos del 40% en aquel momento. Esta estrategia fue muy positiva para nosotros, ya que nos incentivó a incrementar la cooperación con las empresas, la venta de patentes o la búsqueda de mecenas… y a centrar los gastos en lo realmente importante.

Algo que creo es  de absoluta aplicación aquí… no tanto porque haya que recortar de golpe, ni mucho menos, sino porque esa progresiva “desintoxicación” de fondos públicos creo que sería muy positiva para muchas universidades, ya que incentivaría que realmente se colabore con las empresas y en lugar de tratar de hacer de todo se focalicen en lo que cada universidad es buena (al menos yo lo veo así).

Por último cabe hablar de un elemento determinante en un país con los condicionantes de Israel: el idioma. Prácticamente toda la población habla dos o tres idiomas: hebreo, el idioma vinculado a su nación de origen (ya que realmente hay una tremenda diversidad étnica), e inglés….

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(Pincha para ampliar el gráfico)

Sin duda se trata de un enfoque de la educación diferente del Español, ni mejor ni peor… pero que ha ayudado a que Israel se convierta en el 2º ecosistema emprendedor entre los 20 más potente del planeta, así que posiblemente valga la pena analizar qué podemos aprender de él.

Decodificando a la Start-Up Nation: Así se innova en Israel

lunes, 10 de octubre de 2016Pablo Tirado Tel Aviv
Economía y Negocios  El Mercurio
Ciberseguridad, drostart-up-nationnes y tecnologías espaciales son algunas de las tendencias que están liderando los avances en el país de Medio Oriente.
Las teorías de por qué Israel es una potencia en materia de innovación son varias e incluyen factores como su posición geopolítica en Medio Oriente, la obligatoriedad del servicio militar para hombres y mujeres o el interés que han demostrado los sucesivos líderes -el fallecido Shimon Peres a la cabeza- por desarrollar la industria tecnológica.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que el pequeño Estado de 20.770 km² es considerado uno de los padres del fenómeno startup, y eso se nota. Especialmente en Tel Aviv, ciudad que cuenta con la mayor concentración de startups per cápita en el mundo -se calcula que hay una compañía de este tipo por cada 290 residentes- y donde la innovación está presente hasta en los más mínimos detalles: por ejemplo, la mayoría de las calles cuenta con conexiones wifi gratuititas y los procesos de migración se pueden hacer de manera automática frente a una máquina.

Con una fuerte presencia de compañías ligadas al mundo de las redes sociales, el márketing y la ciberseguridad, Tel Aviv se ha convertido también en un interesante destinto para algunos gigantes tecnológicos como Facebook, Microsoft o Apple, que han abierto oficinas con la intención de aprovechar el talento y las facilidades que ofrece Israel. Una de las empresas que cuenta con un “campus” en Tel Aviv es Google, firma que llegó hace una década.

El fundador del centro es Yossi Matias, ingeniero experto en big data , quien ha sido pionero en llevar documentos de alto valor cultural al mundo online -los archivos del museo del holocausto Yad Vashem y los de la fundación Nelson Mandela, por ejemplo- y es, además, uno de los creadores de Google Trends, la herramienta que muestra los términos de búsqueda más populares.

Según él, la clave de Israel está en que ofrece una buena mezcla de profesionales altamente calificados en diferentes áreas y provenientes de diversas partes, con la posibilidad de probar nuevas tecnologías de manera rápida. “Acá en Israel y en Google apostamos por la diversidad”, comenta.

La innovación, así, parece estar impregnada en el ADN de este país y es algo que tanto las autoridades nacionales como locales buscan potenciar. Prueba de ello es el DLD Innovation Festival, la mayor feria de startups y tecnología de Israel, que se llevó a cabo hace un par de semanas en Tel Aviv.

Con una economía altamente dependiente del negocio de las startups , esta feria permea a las diversas esferas de la ciudad y es por eso que, durante los cinco días que duró, fue posible ver al mismo municipio convertido en una consola gigante de Tetris -efectivamente era posible jugar- o las calles del exclusivo Bulevar Rothschild repletas de jóvenes emprendedores mostrando los proyectos con los que esperan conquistar el mercado.

Ideada por el emprendedor serial Yossi Vardi, la feria se ha convertido en una enorme maquinaria en la que grandes empresas, inversionistas y emprendedores tienen la oportunidad de darles una pequeña mascada a las ideas que están liderando la innovación. “Para que un país logre lo que ha logrado Israel en materia de startups , tiene que promoverse, dejar que el mundo sepa de él. Tiene que hacer conferencias, ir a conferencias, hacer promoción”, dice Vardi,

La transformación digital necesita talento

GHJGHJSegún The World Economic Forum’s 2016 report, la automatización provocará la desaparición de 5 millones de empleos de cara a 2020. La automatización eliminará las tareas repetitivas aunque, en algunos sectores, las máquinas se convertirán en meras colaboradoras, aumentando nuestras propias habilidades. Este hecho provocará que sea necesario un nuevo perfil de trabajador, capaz de sacar el mayor partido posible a las nuevas tecnologías emergentes, así como el manejo de datos en tiempo real. Un director financiero de 2020, por ejemplo, necesitará un conocimiento amplio sobre Cloud, IoT y Big Data, así como una visión de mercado global (tanto en términos de negocio como de tecnologías que utilizan los consumidores).

En la actualidad, los perfiles directivos más demandados por las empresas son los especialistas en Big Data, Growth Hackers, Marketing Managers, Directores de RRHH y Financieros. A pesar de que existen candidatos cualificados para ocupar estas vacantes, las empresas no son capaces de encontrar el talento que necesitan. Ademas del componente tecnológico, se requieren nuevas competencias de liderazgo así como un estilo de liderazgo propio para estas nuevas compañías emergentes. Por eso no se encuentra tan fácilmente. La reconersión de casi todos los sectores es profunda y la reconversión y el reciclaje de mano de obra intelectual y managers ha de ser profunda y seria. Se necesitarán algunos años y aprender sobre la marcha de la mano de un buen coach y hacer una formación muy selecta para salir airoso de esta transición.

Todos ellos como managers de empresa, directivos y emprendedores necesitan una cualificación en liderazgo de empresas innovadoras. Por supuesto que las nuevas competencias como managers de un tipo de empresa que ha evolucionado muchísimo hasta reinventarse caso en su totalidad, requieren de una formación asociada muy especifica. Esta es nuestra propuesta desde la clave de tu éxito

La pyme española: adaptación digital sí, transformación digital… aún no

El autor reflexiona sobre las necesidades de avanzar en la digitalización empresarial pese a la actual dificultad a la hora de transformar los negocios

La pyme española: adaptación digital sí, transformación digital.. aún no
La pyme española: adaptación digital sí, transformación digital.. aún no – FOTOLIA
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ SANTA CECILIA 20/06/2016 01:12h – Actualizado: 11/07/2016 17:32h.

Es comúnmente admitido que en España hay buenos directivos, gente preparada y sanamente ambiciosa. Tenemos buenas escuelas de negocio, personas con alta capacidad de trabajo y nos sabemos fantásticamente la teoría, entonces, ¿qué nos ocurre, para tener tanta dificultad a la hora de transformar los negocios? ¿por qué tenemos tanto respeto o incluso miedo a lo que se nos viene encima?

Estamos viviendo la cuarta revolución industrial: la revolución de la tecnología, la humanidad se está transformando, la forma en que consumimos, nos relacionamos, vivimos, y por supuesto hacemos negocios está cambiando. Vivimos la era del poder del software, la capacidad de computación casi ilimitada. La inteligencia aplicable a los datos y la interconexión permanente a través de dispositivos móviles, han catapultado de manera exponencial nuestro acceso al conocimiento y nuestras capacidades.

La profundidad de los cambios: sociales, biológicos y económicos que se están produciendo, y la potencia de la tecnología disponible, permiten la modificación rompedora de la mayoría de las industrias y por tanto dejan hueco a una innovación, que sinceramente poco tiene que ver con decidir tener presencia en la web, crear un canal online de comercio electrónico o mejorar los dispositivos móviles de mis empleados y sí mucho más, con reinventar la forma en que trabajamos, tomamos decisiones, nos relacionamos con proveedores y clientes y sobre todo con la creación de nuevos modelos de negocio.

Algunas grandes empresas, ya lo tienen claro, pero su tamaño y «antigüedad» no les permite reaccionar tan rápido como quisieran, en el lado contrario muchas pequeñas startups, aunque probablemente adolecen de experiencia ejecutiva en entornos de gestión avanzada, no tienen ningún pudor en tratar de reinventar negocios. Pero en España, el 90% de las empresas son pequeñas o medianas, y muchas de ellas tienen a su dueño, que probablemente ha sido exitoso, al mando.

Sin embargo, la sensación y, por desgracia, la comparación con los entornos estadounidense o británico, nos transmite claramente: la angustia que nace de la incapacidad para afrontar los cambios, el aturdimiento que les impide moverse a la velocidad que se ha instaurado como nuevo estándar, y sobre todo, la parálisis que produce lo que en su propia complejidad les supera, dado que no se alcanza a entender en su globalidad.

Transformar no es adaptar, requiere valentía, velocidad, entender los cambios, anticiparlos, aplicar vanguardia tecnológica, separar divisiones, crear modelos de innovación, mirar el negocio desde fuera y sin duda atreverse a equivocarse. La digitalización permite más de lo que podemos imaginar, permite transformar a los empleados, a las compañías, a los negocios, a las industrias y con todo ello a nuestra sociedad.

José María Sánchez Santa Cecilia es el General Manager de la consultora Prodware Spain