TTIP y CETA: tratados de comercio devastadores para el empleo y la economía

TTIP

Los últimos días de la Comisión Barroso se consumen en una incesante actividad: acaban de finalizar las negociaciones sobre el CETA, el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá y se aceleran las rondas que deben culminar en un tratado de libre comercio e inversión con EEUU, el TTIP. Ambos tratados tendrán efectos devastadores para el empleo y la economía si no lo impedimos a través de una movilización masiva en múltiples ámbitos.

La Unión Europea admite en sus informes la destrucción de entre 430.000 y 1.100.000 puestos de trabajo, confiando que los empleos se recuperarán reorientado la producción hacia el mercado estadounidense. Pero la realidad es que en un entorno de débil demanda internacional, tal esperanza es meramente propagandística: nos sirve de ejemplo el NAFTA, un acuerdo de dimensiones muy parecidas que redujo el empleo en más de 1.000.000 de personas tan sólo en EEUU.

Si no es el crecimiento, ¿qué objetivos persigue esta negociación? Nada menos que debilitar la soberanía democrática frente al poder económico. ¿Cómo? Profundizando en la no-coincidencia entre mercados y soberanías, ya sea reforzando un aparato de gobernanza supraestatal sistemáticamente sesgado contra los intereses de la mayoría de ciudadanos, ya sea eliminando los escasos aranceles que permanecen, consolidando nuestra inserción periférica en la división mundial del trabajo.

Esta voluntad antidemocrática se observa en la actividad diaria de la Comisión. Su agenda y compromisos se definen en el más absoluto secreto, obligando incluso al Defensor del Pueblo europeo a abrir una investigación. Y mientras los eurodiputados permanecen ajenos a las negociaciones, sin ni tan siquiera acceso a los documentos de los acuerdos hasta el mismo día de su firma, los grupos de presión empresariales no dudan en utilizar su influencia para orientar la redacción del TTIP. Sabemos, por ejemplo, que de 130 reuniones preparatorias, 119 fueron con representantes corporativos, quienes fueron extremadamente claros en sus prioridades.

En primer lugar, en palabras del lobbysta Shaun Donelly, se trata “de acabar con el principio de precaución”. Este principio, que rige en temas como la salud pública y el medio ambiente, nos protege de las agresivas campañas de la agroindustria, de los grupos farmacéuticos o del sector químico, que quieren imponer el uso de tecnologías o la comercialización de productos cuya seguridad no está probada.

Este principio es el que ha permitido que Europa mantenga una regulación más estricta en el uso de pesticidas en la agricultura o de agentes químicos en bienes de consumo diario; ha evitado la extensión indiscriminada del uso de hormonas en el ganado o de técnicas de minería y extracción energética sumamente agresivas. Pero la propia Comisión define tales protecciones como “barreras al libre comercio”, priorizando la obtención de un beneficio al bienestar ciudadano. Curiosamente, en cuestión de patentes, la posición será la contraria: imponer nuevas barreras a la entrada de medicamentos genéricos o a la creación de nuevas pautas de consumo cultural.

Pero hay más. La creación de un único mercado transatlántico también tendrá efectos negativos sobre la regulación laboral y financiera. El incremento de la competencia entre las mayores economías del mundo continuará la carrera hacia el dumping salarial, social y fiscal que la globalización impone a los Estados, con el fin de asegurar una primacía competitiva tan fugaz como dañina para trabajadores y trabajadoras.

Otra demanda regulatoria es la liberalización del sector público, con nuevas presiones para asegurar el funcionamiento “competitivo” del transporte y las infraestructuras públicas, los servicios sociales, la salud o la educación. Las menguantes salvaguardas que existen para asegurar una política industrial eficaz y un Estado del bienestar guiado por el interés público se disolverán en beneficio de los grandes grupos corporativos, sean estos europeos o estadounidenses.

Por supuesto, las multinacionales no sólo pretenden influenciar en la actividad legislativa de los Estados a través de la persuasión y los contactos informales y las “puertas giratorias”, si no que quieren dejar en el propio texto del Tratado, otra de sus demandas, ya incorporada en el CETA, que es la creación de tribunales internacionales de arbitraje (ISDS). Este permitirá a las empresas denunciar a cualquier Estado que incorpore cambios legislativos que dañen sus intereses de inversión. Cualquier Gobierno progresista se puede ver expuesto a pagar indemnizaciones multimillonarias. Estos tribunales, además, permanecen ajenos a las salvaguardas habituales en la legislación estatal; por ejemplo, las empresas tendrán la posibilidad de participar en la elección de sus miembros, asegurándose siempre una visión favorable a sus denuncias.

Canadá, con una legislación generalmente más avanzada que la de EEUU, ya está sometido a la disciplina de los ISDS a través del NAFTA. La batería de casos pactados o perdidos frente a las multinacionales incluye la casi totalidad de sectores de interés público: compensación por limitar el uso de aditivos tóxicos en la gasolina, por poner trabas a la exportación de residuos peligrosos, por establecer mínimos de inversión en investigación y desarrollo, por recuperar la gestión de bienes comunes tras el cierre de una fábrica, etc. Y tales litigios y sus paralizadores efectos no dejan de ir en aumento, animados por las respuestas favorables a los intereses corporativos.

Finalmente, cabe considerar el mensaje político que se dirige a los países no partícipes de este acuerdo. De ratificarse el TTIP, las condiciones de la integración entre las mayores economías mundiales sentarían un importante precedente para la negociación de nuevos acuerdos multilaterales (como el TISA, sobre servicios) y, en definitiva, para la integración de los países en desarrollo en el comercio económico mundial, en el que ya participan en considerable desventaja frente a las principales potencias industriales.

Frente al programa neoliberal, debemos oponer nuestra propia agenda exterior: basada en la cooperación entre países, la ayuda al desarrollo y el respeto estricto de los derechos humanos y laborales.

No puede haber libertad sin justicia; tampoco en el comercio.

DOCUMENTO: El plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos de Europa

eldiario.es ha tenido acceso a una parte de la negociación secreta del Tratado de Libre Comercio con EEUU con la oferta inicial de servicios a liberalizar

La sanidad y la educación, en la mesa de negociaciones. Los servicios financieros quedan fuera del acuerdo por ahora.

El documento ha sido recibido a través de Filtrala.org, la herramienta de filtraciones anónimas

13/06/2014 – 12:00h

Primera página del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE
Primera página del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE

Europa y Estados Unidos negocian a espaldas de sus ciudadanos uno de los pactos que más influirán en la vida de los europeos en las próximas décadas. Se trata del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, conocido por sus siglas en inglés TTIP, y que busca igualar la regulación en ambas zonas económicas para potenciar el comercio y la inversión.

eldiario.es ha tenido acceso, en exclusiva junto a La Marea y Diagonal, a uno de los documentos secretos que sirven de base a la negociación ya que supone la oferta de servicios que Europa está dispuesta a negociar con Washington. El documento ha llegado a través de Filtrala.org, la herramienta de filtraciones anónimas en la que colaboran estos medios.

El acuerdo está en el punto de mira de organizaciones sociales y partidos de izquierda ya que sus efectos pueden suponer en la práctica una mayor liberalización de decenas de sectores en la UE, que tiene una normativa en general más exigente que en EEUU, y abre la puerta a un mayor poder de las empresas privadas.

El portavoz del comisiario de Comercio, Karel de Gucht, último responsable de la negociación del acuerdo, ha declinado hacer comentarios sobre este documento.

El borrador secreto ha llegado fragmentado en tres archivos y se extiende en al menos un centenar de páginas. La carátula del encabezado deja claro que es un documento secreto ya que las negociaciones se han clasificado como confidenciales en Europa y Estados Unidos, algo muy criticado por personas como Joseph Stiglitz, Noam Chomsky o Sami Naïr. Hasta el momento, solo se conocen  otros cuatro documentos de los decenas de informes que cruzan el océano. Aunque formalmente esta ronda de negociaciones comenzó en 2013, lleva décadas gestándose con sucesivos acuerdos y grupos de trabajo que se han formado en la UE y EEUU. Este documento tiene hoy (13 de junio) como fecha límite para que los estados miembros hagan sus aportaciones.

Esta es una oferta inicial, una suerte de catálogo, de lo que la Unión Europea está dispuesta a negociar con Estados Unidos para flexibilizar los negocios en el sector servicios. Cada una de las áreas que negocia el TTIP se discute en una comisión ad hoc, como en el caso de la energía, otro de los documentos filtrados con anterioridad en el que se hablaba de temas como el fracking. El que ha llegado a Filtrala.org es el borrador con el que trabaja la Comisión de Servicios e Inversión, lo que supone que se hace un recorrido por todos los servicios, incluidos los públicos, que se ofrecen a los ciudadanos. Esto implica que también se abra en el abanico de las ofertas cuestiones como los servicios sanitarios, servicios sociales, educación y cuestiones claves como los servicios de la energía. Es una lista en positivo de puntos que negociar. Es decir, se incluye todo lo que es susceptible de discusión.

En el membrete aparecen los sellos del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión, ya que la representación permanente de cada país en el Consejo es la que está negociando el acuerdo (no es posible que el Gobierno de cada país acuda continuamente a Bruselas para estas discusiones).

El documento marca el amplio perímetro de las negociaciones en servicios de la UE. Tras un listado de cautelas iniciales en el que la Comisión se reserva la posibilidad de negociar aspectos en una amplia panoplia de servicios que se consideran de seguridad nacional, luego muestra al socio norteamericano en qué áreas sería posible entablar una negociación. Los estados miembros deben fijar estas reservas por adelantado, ya que una vez firmado el acuerdo no se pueden introducir nuevas excepciones. Es una forma de no comprometerse a modificar un determinado aspecto en la legislación en los acuerdos multilaterales.

Las excepciones giran en torno a la extracción de petróleo, minería, producción nuclear y otros elementos sensibles como la pesca y la agricultura de las que la UE se desentiende de compromisos a priori. Su inclusión en la lista no es una negativa a discutir sino una reserva a no hacerlo en caso de que no interese a los estados.

Nota explicativa del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE
Nota explicativa del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE

El documento señala una a una las barreras de acceso al mercado que los estados miembros, o la UE en su conjunto, tienen actualmente en un sinfín de sectores, con el fin de negociar su total apertura. En una última columna (bajo el encabezado ‘Limitations o National Agreement’) se subraya también qué países favorecen la entrada a sus propios ciudadanos o empresas, una de las restricciones al mercado más importantes y que la UE lucha por limar.

El documento es un destape en toda regla en el que los eurócratas exhiben todas las flaquezas de los países miembros para que los estadounidenses sepan a qué restricciones se van a enfrentar y negocien su eliminación. En la nota inicial, la UE deja claro que esta propuesta inicial se hace a la espera de que “Estados Unidos ofrezca un nivel de transparencia significativo a nivel sub-federal”. Es decir, al otro lado del Atlántico se debería estar construyendo un borrador similar a este pero con las restricciones que plantean los Estados federados.

Línea roja en la banca

Es especialmente llamativo que solo un área queda fuera del texto: las finanzas. Aunque inicialmente los servicios financieros se iban a incluir en el Tratado, como todos los demás aspectos de la economía, EEUU ha puesto trabas en la negociación. Washington entiende que la actual regulación financiera es más exigente que la europea, gracias sobre todo a una de las últimas leyes aprobadas tras el estallido de la burbuja, la Dodd-Frank. Por este motivo, los estadounidenses han pedido excluir a las finanzas del marco de cooperación regulatoria, que les hubiera llevado a negociar su actual nivel de regulación financiera y hacerlo más laxo.

Este aspecto es muy importante, ya que tal y como recuerda Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, hace que los argumentos que esgrimen los negociadores para defender el Tratado “se caigan por su propio peso”. Si Estados Unidos no quiere negociar en el ámbito financiero porque supondría una rebaja de sus exigencias, está claro que el proceso de negociación se hace a la baja. En este caso, es la legislación comunitaria la que más tiene que perder ya que salvando el área de las finanzas, la UE es mucho más exigente en cuanto a normativa. Por ejemplo, el principal interés de EEUU es negociar la cooperación regulatoria en el campo de la energía, donde los estadounidenses son mucho más abiertos que los europeos.

El documento dice que “debido a la firme oposición de Estados Unidos a incluir cooperación regulatoria en el campo del acuerdo, se considera apropiado no incluir ningún compromiso en la oferta de servicios financieros por parte de la UE en este punto”. La Comisión deja la puerta abierta a que si “en el futuro” los estadounidenses cambian de opinión y se comprometen a abrir el melón de las finanzas, Europa también mostrará sus cartas.

Fragmento del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE
Fragmento del borrador del TTIP que maneja la Comisión de Servicios e Inversión de la UE

Los servicios bancarios son por lo tanto la única línea roja marcada en el documento, y no por voluntad europea. Del resto, la UE muestra su deseo a hablar de todo, incluida la prestación de servicios médicos (lo que abriría aún más el negocio de la salud a las grandes corporaciones estadounidenses de sanidad), el transporte o la liberalización de los colegios profesionales. Desde los sindicatos europeos de servicio público se subraya que esta apertura a negociar este tipo de prestaciones atentará contra la calidad de los servicios y el empleo. Para Kucharz, es una “alerta a todas las mareas españolas. Es una megaamenaza a la calidad de los servicios públicos”.

Cabe resaltar que al hacer el recorrido de trabas actuales en los países de la Unión, España es uno de los países que menos aparece, en gran medida porque es uno de los países más liberalizados del Continente. Las escasas menciones que se encuentran de España son respecto a las restricciones de los colegios profesionales y, cómo no, a la posibilidad de poner una farmacia o al trabajo de los auditores contables.

Los defensores del acuerdo hablan de cifras por valor de miles de millones de impacto económico y de creación de empleo. Los detractores, de destrucción de miles de puestos de trabajo en Europa y de pérdida de derechos laborales.

TTIP: Lo que no sabes del Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU

El TTIP en dos minutos

Acuerdo marcado por numerosas críticas y falta de transparencia

Las elecciones estadounidenses pueden retrasar su aprobación hasta en tres años

30/04/2016 14:36

A estas alturas, quizá usted aún no sepa a qué se refieren las siglas TTIP. No se extrañe, no es el único, a pesar de que el Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés), lleva ya casi tres años en el ojo del huracán de la UE cuyas negociaciones con EEUU no terminan de cuajar. Mañana, lunes, comienza la decimotercera ronda de negociaciones en Washington y, aun así, no son pocas las voces que hablan de que este acuerdo, marcado por las numerosas críticas y la falta de transparencia, no llegará a buen puerto.

¿Qué es exactamente el TTIP?

Empezó a fraguarse a finales de 2011 cuando un grupo de líderes europeos y americanos estudiaba la posible puesta en marcha de políticas que ayudasen a incrementar el comercio y la inversión entre EEUU y la UE. Las negociaciones no empezaron hasta julio de 2013, pero el nivel de secretismo en el que se mantenían era tal que pasó casi un año hasta que el asunto llegó a la prensa. Tanto misterio ha creado muchos problemas en el lado político del tratado ya que, por supuesto, no se entiende que un plan de tales características se mantenga oculto hasta para los propios eurodiputados, pero en el plano comercial, el TTIP despierta igualmente pasiones y odios.

¿Qué dicen sus defensores?

Que dinamizará los intercambios transatlánticos entre dos grandes zonas que comparten, además, muchos ideales políticos y económicos. Al mismo tiempo, defienden que simplificará y facilitará la vida de las empresas reduciendo las tarifas aduaneras así como trámites burocráticos. Grandes empresas, como General Electric, implantada en ambos lados del Atlántico, esperan con ansia un acuerdo que aumentaría las exportaciones.

¿Y sus detractores?

Los detractores, alineados en su mayoría entorno al movimiento Stop TTIP (Ecologistas en Acción, Attac y hasta otros 500 colectivos y movimientos políticos, así como sectores de la industria agroalimentaria), aseguran que busca establecer una cooperación legislativa para responder a las quejas de las grandes multinacionales, que denuncian pérdidas económicas por las diferentes legislaciones. El temor es que esta bajada afecte a toda la legislación que protege los derechos de la ciudadanía y el medioambiente. Por ejemplo, la UE practica una política más proteccionista en cuanto a transgénicos o productos químicos peligrosos; también en sectores como el sanitario o el ganadero tenemos mayores barreras comerciales que EEUU.

¿Cómo afectará a España?

En el caso de España, sectores donde la exportación es elevada podrían salir beneficiados, concretamente aquellos en los que los derechos de aduanas en EEUU son especialmente altos y que además compiten con otros países que no tienen que pagar dichos derechos. Por ejemplo, el sector del textil y confección, así como el calzado, las conservas de pescado y otros productos agroalimentarios. Pero también es esta industria la que más reticente se muestra, sobre todo en el caso de la ganadería, donde América es mucho más competitiva. Los negociadores plantean ahora que la eliminación de aduanas en este sentido no sea total, sino parcialmente controlada. Tampoco es evidente que el acuerdo sea favorable a las pymes.

¿Qué punto es el más polémico?

El que se refiere a la resolución de conflictos jurídicos entre empresas y estados a través de tribunales de arbitraje inversor-Estados, de carácter privado. Una cláusula (ISDS, por sus siglas en inglés) que se incluye en los tratados comerciales bilaterales buscando la mayor seguridad jurídica para las empresas que invierten en países en vías de desarrollo. Este aspecto de las negociaciones supuso un importante freno entre mayo y julio del año pasado cuando el Parlamento Europeo debía aprobar un informe con las líneas rojas que la Comisión Europea no debía sobrepasar.

¿En qué fase se encuentra?

El tiempo se echa encima por las elecciones de EEUU, en noviembre, y que supondrían o el abandono total del tratado o un freno de hasta dos o tres años. Y es que ninguno de los candidatos a la Casa Blanca parece respaldarlo, como sí ha estado haciendo Obama. Que Francia y Alemania estén igualmente cerca de entrar en campaña electoral no ayuda. Una vez aprobado por ambas instituciones, el acuerdo debería ser validado por los parlamentos nacionales y esto tampoco parece seguro pues, de nuevo, Alemania y Francia tienen corrientes muy críticas.

CETA Claves del acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá

  • Regula el acceso al mercado o a concursos públicos y las tarifas aduaneras

  • Incluye un polémico capítulo sobre la protección de los inversores extranjeros

27.10.2016 | actualización 14h25

RTVE.es

El acuerdo de libre comercio entre la Unión y Europea y Canadá pretende facilitar los intercambios económicos entre los dos bloques comerciales a uno y otro lado del Atlántico. La Comisión Europea afirma que es el acuerdo de comercio bilateral “más amplio negociado hasta la fecha” pero los ciudadanos han mostrado su rechazo con movilizaciones en distintos países. Este tratado se conoce por sus siglas en inglés como CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement).

Las negociaciones finalizaron en septiembre de 2014 pero, en su tramitación, el tratado se ha encontrado con el veto de Bélgica, a raíz de la oposición de Valonia que ha alcanzado un consenso in extremis con el Gobierno belga. Después de la firma entre la Unión Europea y Canadá el 30 de octubre, debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales (en España el gobierno en funciones autorizó la firma del CETA el 14 de octubre). Mientras esté pendiente de ratificación, el 95% del CETA se aplicará provisionalmente a principios de 2017, pero no el capítulo más polémico referido a la protección de inversiones.

¿Qué regula el CETA?

El tratado consta de 1.600 páginas y 13 capítulos en los que regula el acceso al mercado de bienes y servicios, las tarifas aduaneras, la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos o el reconocimiento de títulos profesionales.

En virtud de la cooperación normativa, que tendrá un foro específico, cada parte reconoce la evaluación de productos realizada por la otra parte en equipos eléctricos, juguetes, maquinaria e instrumentos de medición.

El CETA reforzará los derechos de propiedad intelectual sobre nuevos fármacos (uno de cada cuatro productos que España exporta a Canadá es un medicamento). El acuerdo también protegerá en el mercado canadiense 147 productos agrícolas europeos de origen geográfico específico (con denominación de origen que constan en una lista que se puede ampliar en el futuro). Estarían protegidos el queso manchego, el turrón de Alicante o el jamón de Guijuelo, entre otros.

Ante los temores de los ecologistas, la CE afirma que el acuerdo no afectará a las restricciones que tienen en la UE los organismos genéticamente modificados y la carne de vacuno hormonada. También sostiene que no afectará a los servicios públicos ya que los estados miembros podrán mantener los monopolios en el suministro del agua, la sanidad o la educación. Los sindicatos temen que se de una “liberalización por defecto” si un país no ha enumerado los servicios excluidos de la privatización. Esta “lista negativa” provoca diferencias entre estados miembros, así Hungría se ha reservado la soberanía para prohibir el fracking mientras que Francia no lo ha hecho.

El impacto económico del acuerdo

La CE destaca que la supresión de los derechos aduaneros de los productos industriales supondrá un ahorro de 470 millones anuales para estos exportadores europeos y otros 42 millones en bienes agrículas porque un 92% de los alimentos podrán exportarse a Canadá sin tarifas aduaneras. En el caso de productos sensibles (carne de vacuno y porcino o maíz dulce por parte de la UE y los lácteos por la de Canadá) el acceso preferencial se limitará por cuotas.

Las empresas europeas podrán acceder a la contratación pública en Canadá, lo que supone 30.000 millones de euros anuales, mientras que los sindicatos defienden excluir a los servicios públicos del acuerdo por temor a su privatización. El Ejecutivo comunitario sostiene que el tratado permitirá aumentar las exportaciones en 12.000 millones al año y que el comercio bilateral de bienes y servicios se incremente casi un 25%. Canadá es el cuarto inversor directo en la UE y el bloque comunitario es el segundo inversor en el país norteamericano.

Por contra, el Consejo de los Canadienses cree que el CETA provocará una caída del 0,5% del PIB de la UE y el 1% del PIB de Canadá. Esta organización social añade que se perderán 230.000 empleos hasta 2013, la mayor parte en Europa, y que el tratado presionará a la baja los salarios.

La polémica sobre la protección a los inversores

El acuerdo establece un tribunal de inversiones (Investment Court System, ICS) que funciona como una corte de arbitraje especial que permite a los inversores extranjeros demandar a los estados sin pasar por los tribunales ordinarios. Los miembros de estos tribunales serán elegidos por la UE y Canadá, en principio iban a ser seleccionados por las multinacionales y el país afectado. Se refuerza su régimen de incompatibilidades y además se incluye un tribunal de apelación.

La mayor asociación de jueces y fiscales de Alemania apunta que ni el procedimiento propuesto para designar a los integrantes del ICS ni su posición cumplen con los requisitos internacionales mínimos de independencia de los tribunales.

Las modificaciones, tras las críticas de las oenegés y los eurodiputados, no son suficientes para evitar los abusos por parte de las empresas y los árbitros, según denuncia en un informe (en pdf) el Observatorio Europeo Corporativo (OEC), que vigila la influencia de las grandes compañías en la política comunitaria. Alerta de que las filiales canadienses de multinacionales de EE.UU. podrían usar el CETA para demandar a los gobiernos europeos.

El tratado podría disparar las demandas de los inversores canadienses en los sectores de la minería y de la extracción de petróleo y gas. Por ejemplo, podrían litigar contra las moratorias al fracking en los países de la UE alegando que protegen sus “expectativas legítimas” e invocar la cláusula del “trato justo y equitativo”. Por otro lado, incrementará el riesgo de que Canadá sea demandada por inversores especulativos de bancos, aseguradoras y sociedades financieras, según el informe.

El CETA contiene una cláusula de superviviencia que permite que, aunque el acuerdo se rescinda, los inversores puedan presentar demandas durante 20 años más para las inversiones realizadas antes del fin del tratado.

¿Es necesario recurrir a tribunales especiales para proteger a los inversores?

En la UE, la práctica habitual era concluir acuerdos bilaterales de protección de inversiones con países de fuera de la OCDE en los que se consideraba que era necesario ese “plus” de protección al inversor. Con Canadá se rompe este principio tácito, a petición de Otawa, que ya incorporó un sistema similar en el tratado NAFTA firmado con EE.UU. y México.

Los que se oponen al CETA argumentan que no es necesario crear un régimen jurídico especial para proteger a los inversores extranjeros, especialmente en jurisdicciones estables como la UE y Canadá. Las multinacionales disponen de capacidad para evaluar los posibles riesgos y la rentabilidad de una inversión, además pueden recurrir a los tribunales ordinarios, los seguros privados y los mecanismos públicos de garantía de inversiones.

Las regiones de Bélgica que se oponían al acuerdo han logrado pedir un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE sobre estos tribunales de arbitraje. Si la Corte europea considera que no se ajustan al acervo comunitario, uno de los puntos claves del CETA quedará sin efecto y creará un precedente para otros tratados que se están negociando.

¿Qué es el foro de cooperación normativa?

La UE y Canadá han acordado crear un foro de cooperación en materia de regulación. Será un mecanismo voluntario de cooperación que permitirá a los reguladores intercambiar experiencias e información e identificar ámbitos en los que cooperar. No servirá para modificar los reglamentos existentes ni elaborar legislación nueva. Tampoco tendrá capacidad de decisión. Se limitará a ofrecer asistencia y sugerencias y no restringirá la capacidad de decisión de los legisladores de los Estados miembros ni de la UE, según Bruselas. Los que se oponen al tratado temen que la posibilidad de tener que enfrentarse a una demanda millonaria por parte de una multinacional frene la legislación y se vulnere el interés público.

¿Influirá el CETA en la negociación del TTIP con EE.UU.?

La Comisión defiende que son dos negociaciones independientes con dos socios diferentes y que el CETA “no prejuzga el resultado de las negociaciones entre la UE y Estados Unidos”. La homogenización normativa es mucho menor en el acuerdo con Canadá, el exdirector de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, lo resume así: “En el CETA un 80% regula la producción y solo un 20% es reglamentación. En el TTIP es al contrario”.

Sus detractores temen que influya en los litigios de inversiones, uno de los capítulos más controvertidos del acuerdo. En especial, la cláusula que establece el “trato de nación más favorecida” que serviría para “importar” los derechos más favorables de otros tratados firmados por la UE lo que según el informe del OEC “multiplica el riesgo de que puedan prosperar los ataques contra las políticas públicas”. A su juicio, el CETA debería prohibir claramente la importación de las disposiciones sustantivas de otros acuerdos.

¿Han servido de algo las movilizaciones en contra?

La Comisión Europea se ha visto obligada a considerar el CETA un tratado mixto, no de competencia exclusiva, lo que significa que tiene que ser ratificado por la Eurocámara y los parlamentos nacionales, aunque eso no evita su entrada provisional en vigor. Ante la polémica suscitada por la protección de inversores, la CE ha tenido que endurecer las condiciones para nombrar a los árbitros de este tipo de litigios e incluir la garantía de un tribunal de apelación.

Estas mejoras no han servido para convencer a los más críticos. La oposición de la región belga de Valonia ha llevado a Bélgica a vetar el CETA, aunque a última hora los belgas han llegado a un consenso para desbloquear la firma del tratado. Las reticencias de otros países, como Austria o Alemania, han empujado al Ejecutivo comunitario a introducir una declaración interpretativa con valor jurídico adjunta al acuerdo. Esta disposición aclara que no existirá una rebaja de los estándares europeos y que no se fuerza a los gobiernos regionales a privatizar servicios, según la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.

Todo lo que esconde el CETA firmado por la UE y Canadá

1 noviembre 2016 | Categorías: Internacional, Opinión, TTIP / CETA / TISA, Unión Europea | |

Adoración Guamán /Alexandre Mato / Pablo Sánchez Centellas – ctxt.es

http://www.attac.es/2016/11/01/todo-lo-que-esconde-el-ceta-firmado-por-la-ue-y-canada/

Un análisis del recorrido del acuerdo durante las últimas semanas y de los textos firmados finalmente demuestra que, en todo caso, la victoria de la Comisión y sus aliados es una victoria pírrica

Jean-Claude Juncker, Justin Trudeau, Donald Tusk y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, durante la firma del CETA este domingo 30 de octubre.

El CETA está firmado: la UE y Canadá plasmaron su firma el domingo 30 de octubre en Bruselas. “Lo conseguimos”, dijo la ministra de Comercio de Canadá, Chrystia Freeland, a punto de saltar de alegría entre las sonrisas de los políticos presentes en la Cumbre de última hora convocada tras la ‘rendición’ de Valonia, la región belga que durante dos semanas ha bloqueado el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá.

La puesta en escena y el lenguaje corporal mostraron que la Comisión Europea, los gobiernos del continente y el canadiense y las grandes empresas que han empujado por este Tratado Comercial han salvado un momento crítico. La política comercial comunitaria “ha recuperado su credibilidad”, decía aliviada su responsable en la UE, la comisaria sueca Cecilia Malmström, mientras se escenificaba lo que aparentemente ha sido una victoria frente a sindicatos, organizaciones sociales o ecologistas y sobre Valonia, la pequeña aldea gala del siglo XXI que puso contra las cuerdas al mismísimo Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

Pero, ¿realmente han ganado los que apostaban por el tratado? ¿Han sido en vano los esfuerzos de las campañas de las organizaciones sociales y la izquierda europea? Un análisis del recorrido del acuerdo en las últimas semanas y de los textos firmados finalmente demuestra que, en todo caso, la victoria de la Comisión y sus aliados es una victoria pírrica.

Han sido quince días de “presiones increíbles” sufridas por Valonia, la pequeña región de apenas el 1% de la población de la UE, donde se han concentrado todos los poderes políticos (y económicos) hasta conseguir torcer el brazo de su gobierno. El líder de los socialistas belgas y ex primer ministro, Elio di Rupo, llegó a asegurar que tanto él como el ministro-presidente de Valonia, Paul Magnette, habían sufrido coacciones directas de los dirigentes europeos.

También el presidente del Europarlamento, Martin Schulz, en una actitud sin precedentes, ha llegado a presionar al presidente socialista del gobierno valón para que se rindiera a las presiones de la Comisión. El también socialista alemán realizó esas presiones sin la aquiescencia de la Eurocámara, y diversas eurodiputadas/os quieren pedirle responsabilidades.

Las presiones se han librado también en los grandes medios, que han intentando sacarle los colores al gobierno valón por su declive económico, utilizando cuestiones como el reciente cierre de la fábrica de maquinaria Caterpillar para intentar justificar la necesaria apertura a las inversiones extranjeras que se promueve con el CETA. De hecho, aunque en la Comisión afirman que “han respetado con paciencia” los tiempos de las instituciones belgas, Juncker ha reconocido que sus negociaciones habían ido más allá del gobierno federal del país. Un equipo de la Comisión visitó varias veces Namur, capital de Valonia, durante los días del rechazo al CETA para discutir directamente sus objeciones.

La resistencia de la pequeña Valonia representaba en realidad el esfuerzo de miles de activistas que llevan años de campaña contra el CETA y el TTIP, y sumaba las reticencias de otros Estados miembros que no acababan de estar cómodos con el acuerdo en ciernes y que han exigido, al calor de las negociaciones para convencer a la región belga, introducir cambios en el texto de la manera que fuera posible.

En realidad, tras dos semanas de fracasos (un Consejo de Comercio que no pudo firmar el acuerdo, una Cumbre de líderes europeos con el primer ministro belga cabizbajo, incapaz de convencer a los valones, una ministra canadiense llorando, horas interminables de negociaciones…) se podría afirmar que ha sido la Comisión la que ha dado su brazo a torcer.

Es cierto que el presidente Juncker y su equipo, con Malmström al frente, han salvado la cara evitando “un golpe muy serio a la política comercial común y a la credibilidad de la UE”, en palabras de un alto diplomático de un país europeo. Pero tampoco puede negarse que Valonia solo ha bajado los brazos tras conseguir un acuerdo de escala nacional con numerosas condiciones, que también se han plasmado de manera parcial en la Declaración firmada como anexo al CETA. En todo caso, tras la firma quedan numerosos pasos por dar para que el acuerdo con Canadá entre en vigor, de manera provisional primero y de manera total posteriormente.

El camino que le queda al CETA

El primer reto del CETA será conseguir el apoyo de la mayoría simple de las y los diputados del Parlamento Europeo, en una votación que, si no se celebra en diciembre, deberá esperar a febrero. En principio, ese primer trámite no debería dar problemas a las partes firmantes: votará a favor la gran coalición de facto, formada por los conservadores del PP Europeo y el grupo de los ‘Socialistas y Demócratas’, a la que se unirán los liberales del ALDE, el cuarto grupo de la Cámara. La oposición quedará en manos del GUE/NGL, el grupo de izquierdas del Parlamento, y Los Verdes, junto a algunas eurodiputadas/os belgas y franceses.

Es sabido, también, que los socialdemócratas franceses en conjunto están siendo muy combativos en las negociaciones del TTIP, el tratado comercial con Estados Unidos, así que la disciplina de voto socialista podría romperse. En todo caso, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha señalado que su previsión “es que no habrá problemas en el Parlamento Europeo”.

Una vez aprobado el CETA por el Parlamento Europeo, las dos partes procederán a la aplicación provisional del acuerdo. Este es el as en la manga de la Comisión, ya que permitirá que el tratado se aplique sin el tercer paso necesario para su ratificación, la aprobación por cada Estado de la UE. Sin embargo, gracias a las reticencias de Valonia, de numerosos juristas, del Tribunal Constitucional alemán y de varios países, la aplicación provisional sólo se producirá respecto de determinadas partes del tratado y no respecto de la totalidad del capítulo más criticado: el de la protección de la inversión extranjera. Aun así, durante la rueda de prensa tras la firma, el propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha señalado que “una de las claves es que la entrada en vigor provisional representa el 98% de lo que es el CETA”.

A partir de ahí, el CETA libraría su última batalla, una lid con casi 40 escenarios pues en algunos Estados miembros, como evidentemente Bélgica, el Tratado requerirá la aprobación en los parlamentos regionales. Por esta razón, Bruselas tiembla ante otros ‘valones’ en cualquier rincón del continente y, entre bambalinas, no se descarta que probablemente el acuerdo con Canadá nunca llegue a ser ratificado del todo.

Si finalmente el CETA descarrila porque alguno de los Estados Miembros de la UE no lo ratifica o, incluso, si un Tribunal Constitucional o una institución similar falla en contra de la compatibilidad entre el CETA y alguna de las Constituciones nacionales, finalizaría la aplicación provisional del acuerdo. La duda estriba en saber cuándo va a ocurrir esto ¿será inmediato el cese de la aplicación? ¿Habrá un tiempo mínimo para que el CETA muera definitivamente?

Esta cuestión ha ocupado, entre otras, un lugar central en el debate que ha llevado hasta el sí de Valonia. Si repasamos los documentos publicados tras la negociación en Bélgica se observa que la aquiescencia valona se ha conseguido mediante la adopción de una resolución firmada por el conjunto de autoridades belgas implicadas. Este texto, resultante de la negociación intrabelga, establece condiciones importantes que pueden lastrar la vida del Tratado.

Las condiciones de Valonia

En primer lugar, y como declaración principal, las autoridades implicadas van a realizar a intervalos regulares evaluaciones de las implicaciones sociales y ambientales de la aplicación provisional. Si una de las entidades federadas informa al gobierno belga de su decisión definitiva y permanente de no ratificarlo, éste deberá notificar en un plazo máximo de un año al Consejo la imposibilidad total de ratificación. Valonia y las otras federaciones siguen teniendo en su mano la muerte definitiva del CETA.

Un segundo punto clave es que los distintos Gobiernos belgas también han acordado elevar ante el Tribunal de Justicia de la UE una solicitud de examen de la compatibilidad del mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ICS) con los Tratados de la UE. Estas regiones han manifestado en ese mismo texto su negativa a ratificar el CETA si se mantiene el capítulo 8, respecto de la inversión extranjera, tal y como está en el texto.

Además, la resolución incluye una previsión de activar la cláusula de salvaguarda en materia de agricultura, y la obligación de que el Parlamento belga apruebe cualquier iniciativa en materia de cooperación reguladora que trate competencias compartidas con Bélgica.

Las reclamaciones valonas contra el CETA también han estado muy centradas en los posibles cambios de la legislación europea en áreas como los productos transgénicos, en concreto sobre su “autorización, comercialización, crecimiento y etiquetado” en suelo europeo. El texto belga “reafirma que el CETA no afectará a la legislación de la UE” sobre estos alimentos, pero no hace mención, por ejemplo, a posibles problemas en la gestión del agua.

El resto del acuerdo intrabelga se vincula con el contenido de la Declaración interpretativa del CETA que llevaba meses fraguándose y que ha sido engordada y acabada in extremis, como único camino posible para sortear obstáculos que parecían infranqueables.

Realmente ¿qué han firmado la UE y Canadá?

El contenido del CETA finalmente firmado no ha cambiado, es exactamente el mismo que rechazó el Parlamento valón y que ha suscitado las críticas de Estados, movimientos sociales, sindicatos e incluso del propio Tribunal Constitucional alemán. Sin embargo, junto con el CETA se ha firmado una Declaración anexa que debe entenderse como parte del acuerdo.

Esta declaración de 12 páginas contiene dos novedades fundamentales respecto de los textos filtrados antes de que Valonia se rebelara. Por un lado, la Declaración se reconoce a sí misma como interpretación obligatoria en el sentido del artículo 31 del Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados. El CETA, por tanto, debe interpretarse según el sentido que le dé esa declaración, que incluye un listado de los artículos específicos a los que afecta y que deben ser interpretados según sus indicaciones.

Esta contundencia choca con la segunda de las novedades que incluye la Declaración, con afirmaciones que van en sentido totalmente contrario al contenido del CETA. Por ejemplo, en la Declaración se reconoce que del CETA no se va a derivar un trato más favorable para los inversores extranjeros que para los nacionales. Si aplicamos estrictamente esta idea, directamente hemos de eliminar del texto el mecanismo de solución de controversias inversor-estado (ICS), lo cual significaría dejar caer una de las piezas fundamentales del Tratado. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Están diciendo realmente una cosa y la contraria? La respuesta puede estar en el propio artículo 31 del mencionado Convenio de Viena, donde se señala que la interpretación de todo tratado debe realizarse en primer lugar atendiendo a su texto y en segundo lugar a las declaraciones anexas. Si se aplica esta norma de manera rigurosa queda claro que, en todo caso, va a primar lo que diga el CETA, lo que sin duda resta valor a la Declaración que tantos esfuerzos ha costado firmar.

El anexo parece escrito para fomentar la tranquilidad. Su preámbulo tiene un aroma conocido y repite las bondades del CETA y sus potencialidades para impulsar la economía, incluyendo afirmaciones como que “el principal propósito del comercio es aumentar el bienestar de la ciudadanía”; el reconocimiento del derecho a regular; el reconocimiento de la capacidad de ambas partes de plantear y conseguir sus “objetivos legítimos de políticas públicas” decididas por sus instituciones democráticas; o la afirmación de que el CETA no rebajará los estándares y regulaciones relativas a la salud, protección del consumidor, ambiente o protección de los derechos laborales. Ambas partes reafirman su compromiso con el principio de precaución y reiteran que la cooperación en materia normativa será voluntaria, algo que es evidente según el capítulo 21 del CETA. No se explica en cambio que si una de las partes decide “voluntariamente” apartarse del método de cooperación debe justificarlo y esta justificación no es sencilla.

A partir de ahí la Declaración aborda los temas que más reticencias y polémica han despertado durante las negociaciones: el derecho a regular de los Estados y sus entidades, los mecanismos de cooperación reguladora, los servicios públicos, el ICS (el mecanismo de arbitraje entre inversor y Estado), el desarrollo sostenible (en cuestiones laborales y ambientales), las consultas con los agentes sociales, la contratación pública, el agua, las pymes o la protección de los pueblos aborígenes de Canadá.

En muchos de estos puntos la Declaración es una mera repetición de lo dicho hasta ahora: buenas intenciones sin modificar el texto del CETA. Sin embargo, hay algunas novedades como la mención a los sistemas de seguridad social, que se reconocen expresamente fuera del ámbito del tratado, y quedan exentos de las obligaciones de liberalización establecidas para el conjunto de los servicios en diversos capítulos del CETA.

Otro ejemplo es la materia laboral, ya que se afirma que los mecanismos de sanción por incumplimiento de los estándares laborales (mínimos) serán vinculantes, un extremo que no está establecido en el tratado y que, sin duda, generará confusión a la hora de activar estos mecanismos. Una parte positiva es que se remarca que el CETA no afecta a los derechos de negociación colectiva y de huelga.

Menos clara resulta la parte de la declaración que atañe a la contratación pública: se afirma que ninguna previsión del CETA va a ser un obstáculo para la introducción de cláusulas sociales y ambientales, pero el contenido del Tratado apunta a lo contrario. También se subraya que los stakeholders, o partes con intereses en el CETA, no son solo empresas, sino sindicatos, grupos ecologistas, cosa que hasta ahora no se contemplaba.

La parte dedicada a la protección de la inversión extranjera es la que más profundamente afecta al contenido del CETA. Para matizar la frase comentada sobre la no discriminación entre inversores extranjeros y nacionales, en la Declaración se indica que el “trato igual”  significa que los inversores extranjeros pueden, que no deben, utilizar los tribunales estatales. Además, se clarifica que una modificación normativa no puede ser objeto de un recurso de un inversor, y que sólo las empresas con un claro vínculo con Canadá o la UE podrán utilizar estos mecanismos (lo que no es óbice para que el mecanismo siga siendo una avenida para las empresas de EEUU porque muchas tienen filiales en Canadá).

La Declaración incluye cuestiones que ya se habían afirmado como un maquillaje que no cambia el corazón del mecanismo de ICS (jueces seleccionados por su currículum, un código de conducta, normas de remuneración, etc). Ante este contenido, los sectores críticos recuerdan que el principal problema es que el mecanismo de ICS genera una justicia paralela sólo al alcance de las empresas extranjeras, algo que no cambia con la Declaración anexa. Haciendo bandera de esta nueva aproximación a los mecanismos de solución de controversia inversor-Estado, la Declaración confirma la voluntad de la UE de caminar con rapidez y con el apoyo de Canadá hacia una Corte Multilateral de Inversiones.

También es importante señalar que la Declaración incluye la cuestión del agua. Aunque la Comisión había prometido dejar este asunto fuera del acuerdo, el European Water Movement ha analizado el capítulo del CETA sobre ‘Derechos y obligaciones relacionados con el agua’ y concluye que facilitará en Europa y Canadá “el acaparamiento del agua por parte de empresas multinacionales”. Aunque este capítulo considera que el agua no es un bien ni un producto y, por tanto, queda fuera del acuerdo comercial, el European Water Movement alerta de que sus usos posteriores como mercancía (agua potable, saneamiento o riego agrícola) sí abren la posibilidad de que esté sujeta a los mecanismos del CETA. Para contrarrestar estas críticas, se ha introducido una cláusula interpretativa asegurando que “nada en el Acuerdo obliga a la UE a permitir el uso comercial del agua para cualquier propósito”.                                                 

Tras el CETA, ¿está muerto el TTIP?

Juncker y su equipo, la autodeclarada “Comisión política y no de tecnócratas”, tienen serios problemas para sacar adelante su agenda política y especialmente uno de sus pilares, la política comercial. En el último choque de trenes europeo se ha evidenciado cómo, en este tema, lo que debería haber sido un paseo triunfal se ha convertido en una pírrica victoria y esto va a afectar sin duda al TTIP.

La suerte del tratado con los Estados Unidos está en sus horas más bajas. Los socialistas del continente están divididos y tienen por delante muchas votaciones para ahondar en sus contradicciones, sobre todo por sus repetidas sentencias de muerte al TTIP. El tiempo dirá si se materializan estas sentencias de muerte de ciertos políticos franceses y alemanes en horas preelectorales pero, de momento, ponen palos en las ruedas de los Tratados de Libre Comercio de nueva generación. Por añadidura, una gran parte de la ciudadanía conoce el CETA, el TISA –Acuerdo sobre el Comercio de Servicios que negocian 23 miembros de la OMC– y sobre todo el TTIP.

La lucha pública de Valonia en las dos últimas semanas ha supuesto un espaldarazo y un reconocimiento a la labor de las campañas y movimientos sociales que, en palabras de sus miembros, van a seguir peleando para extender el conocimiento y el rechazo de estos tratados al conjunto del continente. Como apuntan desde los movimientos de rechazo al CETA, “puede parecer que hemos perdido una batalla, pero hemos salido con la moral alta y el grueso de las tropas intactas, no todos pueden decir lo mismo. Ahora no vamos a bajar la guardia, tenemos por delante la votación en el Parlamento Europeo y hay que seguir en las calles”.

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  • Adoración Guamán es profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia.
  • Alexandre Mato
    Periodista por la UCM, donde cursó un Máster en Relaciones Internacionales. Antiguo editor jefe de cierre de ‘Mercados’, ha pasado por la Cadena Ser, Informativos Telecinco y ‘El Confidencial’. Colabora con la TVG o Telemadrid. Vive en Bruselas. @xandre_mato
  • Pablo Sánchez Centellas

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Díaz anuncia que la ley de emprendimiento llegará al Parlamento en enero

10/11/2016 13:07 | Actualizado a 10/11/2016 13:32

Sevilla, 10 nov (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado hoy que la ley de apoyo al sistema público de emprendimiento, cuyo anteproyecto fue aprobado en marzo, llegará al Parlamento en la primera quincena de enero, de forma que Andalucía “será la primera comunidad” en contar con una norma de este tipo.

Durante la sesión de control parlamentario al Gobierno y en respuesta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, Díaz ha detallado que el texto se encuentra en estos momentos esperando los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo.

“Será una ley pionera en España”, ha defendido la presidenta de la Junta, quien ha detallado que “cualquier persona va a tener derecho a poner en marcha proyectos empresariales y sobre todo lo va a poder hacer en igualdad de condiciones y oportunidades”.

Con el desarrollo de esta norma, según Díaz, se espera poner en marcha casi 60.000 empresas en los próximos cuatro años que van a generar 72.000 empleos con un presupuesto de 160 millones hasta el 2020, para trabajadores que “van a tener a su alcance formación para emprender, mayor acceso a la financiación y el respaldo para la competitividad, el crecimiento y la internacionalización”.

“Estamos convencidos de que una parte importante del tejido económico lo apoyan emprendedores que están creando empleo poniendo en peligro su propio pecunio familiar y es necesaria una ley que los proteja, acompañe y dé fortaleza al tejido empresarial, porque si no es así las familias no van a notar la recuperación económica”, ha esgrimido la presidenta andaluza.

Ha subrayado que Andalucía es la segunda comunidad en creación de empresas con 9.253 en el último año, cuatro de cada diez de ellas de menores de 40 años, y ha destacado que la ley “es mucho más que de acompañamiento, puesto que otorga derechos” y “supone un compromiso sólido del Gobierno con los emprendedores”.

La presidenta ha recordado “otros instrumentos” de apoyo a los emprendedores, como el plan de actuación para el trabajo autónomo, que se iniciará con la orden de ayuda de 40 millones que llegarán a unos 10.000 beneficiarios, y el seguir buscando acuerdos con entidades bancarias para facilitar el acceso a los créditos.

Por su parte, Marín ha sostenido que la norma tal y como está redactada “no será la ley de Ciudadanos” y ha instado a Díaz a introducir modificaciones para “que favorezca también la participación de la sociedad civil y ofrezca instrumentos de financiación para los emprendedores”.

En su opinión, el texto “es un marco promocional de determinados tipos de empresas, pero no de todas”, por lo que ha recordado que “Andalucía no está para marginar ningún formato que genere empleo y riqueza” y que la creación de empresas “no debe tener forma jurídica”.

“Si el Gobierno andaluz promueve solamente el emprendimiento social, está dando por hecho que existe un emprendimiento que no lo es y del que reniega”, ha sostenido el líder andaluz de Ciudadanos, que cree que “hay que poner al servicio de los emprendedores todos los recursos existentes, ya sean públicos o privados”.

Marín ha dicho no entender “por qué un proyecto que se sabe que puede generar tanto empleo lleva tantos años guardado en un cajón” y ha insistido en la necesidad de “conectar a los emprendedores, entre ellos y con personas que estén dispuestas a invertir”, evitando duplicidades y promoviendo el trabajo en red.

Ha criticado que en el texto “no se hable de financiación cuando tiene que ser un elemento clave”, igual que lo debe ser “contemplar incentivos fiscales para los que lo arriesgan todo por sacar adelante una idea en la que creen”.

“El emprendedor lo que necesita es un fondo económico, público o privado, que avale su idea y le permita su desarrollo”, ha concluido. EFE

Las obligaciones del nuevo Gobierno de Rajoy con los emprendedores

Entre ellas, cuota gratis para quien gane poco, penalizar la morosidad, fomentar el crowdfunding, no subir impuestos y reducir la burocracia

Mariano Rajoy nombrará mañana a su nuevo Gabinete, cuya acción de Gobierno estará condicionada por el pacto de investidura que firmaron PP y Ciudadanos el 28 de agosto. El documento, llamado “150 compromisos para mejorar España”, prioriza el apoyo a los emprendedores como elemento de crecimiento económico y de lucha contra el desempleo.

La reciente bajada de la tasa de paro al 18,9%, la progresiva apertura del grifo de la financiación por parte de la banca y la existencia de un Gobierno con plenas funciones son incentivos para quienes tienen pensado emprender un proyecto. Analizamos las claves del nuevo escenario:

Lo primero: medidas urgentes

En menos de un mes, el nuevo Gobierno tomará estas medidas de choque:

– Ampliar de seis meses a un año la cuota de 50 euros de la Seguridad Social para nuevos autónomos.

– Calcular el importe de la cotización según los días trabajados en los meses de altas y bajas. Ahora se paga la mensualidad entera aunque sólo se haya trabajado un día.

– Cotización gratuita para las mujeres de baja por maternidad.

Reforma del Régimen de Autónomos: quienes no lleguen al SMI no pagarán

El acuerdo prevé una reforma integral del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, que estará sometida a debate parlamentario y tendrá estas características:

– Quienes tengan un beneficio neto inferior al salario mínimo (9.172,80 euros anuales) no tendrán la obligación de cotizar y, por tanto, de pagar la cuota de autónomo.

– Se establecerán fórmulas de cotización para autónomos a tiempo parcial y no habituales, aunque no se determinan cuáles. Esto permitirá, por ejemplo, compatibilizar un trabajo por cuenta ajena con ganar dinero con un blog o haciendo trabajos esporádicos.

– Será totalmente compatible cobrar una pensión por jubilación y desarrollar una actividad por cuenta propia. Ahora sólo se puede si los ingresos son inferiores al SMI.

– Para el cobro de la jubilación, los autónomos podrán optar por contabilizar toda la vida laboral o por el criterio actual de los últimos 25 años.

Se equiparará la protección y las prestaciones a las de los trabajadores en Régimen General, aunque tampoco se dan detalles. El punto más controvertido es la prestación por desempleo, por la dificultad de los autónomos para cumplir con los requisitos para cobrarla y porque su duración y cuantía están muy alejadas de las de los trabajadores por cuenta ajena.

Penalizaciones para los morosos

Las empresas que no cumplan con los plazos legales de pago (60 días las entidades privadas y 30 las públicas) no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o de cotización social.

Compromiso de no subir impuestos

La rebaja del IRPF que se contempla en el acuerdo también afectará a los trabajadores autónomos. En concreto, el Ejecutivo no subirá el IRPF esta legislatura, que actualmente está entre el 20 y 45,5%, y lo bajará dos puntos cuando España alcance el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3%.

Tampoco subirá el Impuesto de Sociedades, que está actualmente en un 25% en el tipo general y en un 15% durante dos años para las empresas creadas en 2015 y 2016.

El texto también recoge que, cuando una PYME (empresa de menos de 250 trabajadores y 50 millones de facturación) invierta sus beneficios sobre sí misma, podrá tener una rebaja de hasta 10 puntos en Sociedades.

Alternativas a la financiación bancaria: capital semilla y crowdfunding

El acuerdo entre PP y Ciudadanos contempla el apoyo a fórmulas de financiación alternativas a la banca y a los institutos oficiales de crédito, como la creación de un programa de “Capital Semilla” y la supresión del límite en la captación de fondos de crowdfunding (préstamos de familiares y del entorno del emprendedor), actualmente situado en 10.000 euros.

El futuro programa de “Capital Semilla” estará basado en el “Seed Enterprise Investment Scheme” que lanzó el Gobierno británico en 2012 y que consiste en establecer una serie de exenciones fiscales y garantías para los inversores privados que financien “startups” (empresas emergentes).

Simplificación de la burocracia

Uno de los inconvenientes que encuentran los futuros emprendedores es la complejidad burocrática para darse de alta y entender el sistema fiscal. La solución que llevará a cabo el Ejecutivo es crear un “instituto especializado en el apoyo a las PYMES”, a imagen del “Small Business Services” inglés, que actuará como interlocutor único.

De forma etérea, entre las 150 medidas está el “Impulso a la Economía Digital”, que habla de una “mejora de las infraestructuras”, el fomento de los “servicios de contenidos digitales”, la generalización del uso de las redes 4G y la potenciación del comercio electrónico. El Gobierno tendrá que explicar cómo se materializarán estas propuestas.

Israel: Análisis en 1ª persona del 2º ecosistema emprendedor más potente del mundo

israel-ecosistema-emprendedor-analisis-startups-inversores-gobiernoHace un par de semanas tuve el honor de ser invitado por el gobierno de Israel para analizar en profundidad el ecosistema emprendedor del país, considerado como uno de los más potentes del planeta. Hay muchas conclusiones que iré desgranando en varios post, pero me gustaría empezar haciendo un resumen de los puntos clave, muy aplicables para España.

Y es que aunque hoy en día, aspectos políticos aparte, Israel sea considerado como el segundo ecosistema emprendedor del mundo (según el Startup Ecosystem Report) y el primero del mundo en inversión per capita, hace 30 años la realidad era muy diferente: se trataba de un país con una economía eminentemente agrícola, mucho menos rico de lo que es ahora, y que se enorgullecía en exportar naranjas a todo el mundo.

Hoy sin embargo se le conoce como la Startup Nation, un país donde con algo menos de 8 millones de habitantes y escasísimos recursos naturales florecen más de 4.000 startups de alta tecnología. Con éste panorama, y aunque creo que no valen las recetas enlatadas y que cada país debe encontrar su propio camino, no cabe más que preguntarse: ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años en Israel y cómo lo podemos aplicar en España?. Toda esta historia la podemos conocer en detalle de la mano del imprescindible libro “Startup Nation”, un libro que sin duda recomiendo… pero si quieres te puedo contar mi experiencia. israel-startup-nation-libro-dan-senor-saul-singer

Algunos datos sobre Israel

Aunque está en boca de todos, Israel es un gran desconocido, dejándonos todos llevar por impresiones y datos de segunda mano. He hecho un mini análisis de algunas de sus magnitudes más interesantes en lo que toca a startups e innovación:

  • Población total: 7,7 millones de habitantes
  • Superficie: 20.770 km² (algo menos que la Comunidad Valenciana)
  • Desempleo: 5,5% (España aprox. 25%)
  • Deuda pública sobre PIB: 74% (En España aprox. 69%)
  • PIB per cápita: 29.500$ (similar a España, cifrado en aprox. $30.000)
  • Patentes per cápita  (según el WEF global competitiveness report 2011-2012): 249,2 (España 9,1)
  • Puesto de una universidad de Israel en el ranking de mejores universidades del mundo: (según el Academic ranking of world universities computer science 2012): 12 (España >100)
  • Universidades entre los 30 primeros puestos del ranking de mejores universidades del mundo: (según el Academic ranking of world universities computer science 2012): 4 (España 0)
  • Inversión en capital riesgo per cápita :Entre 150 y 170 dólares (En España 2 dólares)
  • Exportaciones de servicios tecnológicos: Mayor de 9.500 millones de dólares en 2010, es decir, un 4,6% del PIB (frente al 0,6% de EEUU o el 1,5% de Alemania)
  • Compañías tecnológicas: Es el primer país no USA, por número de compañías cotizadas en el NASDAQ (63 Israel, 48 Canadá, 6 Japón)
  • Indicador de Desarrollo Humano (según Human Development Index (HDI)): 17 (zona very high) (España 23, zona very high)

Las claves del modelo de Israel

Me he propuesto hacer una serie de artículos monográficos sobre los principales aspectos del ecosistema de startups que analicé en mi viaje a Israel, ya que como he dicho creo que tenemos mucho más que ver con Israel como ecosistema emprendedor que con el tan cacareado Silicon Valley. De hecho, de todos los países del mundo a los que he viajado, y no han sido pocos, es el que me he sentido culturalmente más cercano

Los aspectos individuales clave que voy a cubrir, que iré ilustrando con fragmentos de las entrevistas que hice y mis impresiones al respecto, son:

  1. CULTURA
    Uno de los aspectos que más sorprenden cuando uno viaja a Israel es lo directa y abierta que es la gente, y lo que se enorgullece de su propio país. No se trata de un pueblo que pierda mucho tiempo en formalidades y subterfugios, sino que abordan las cuestiones directamente y sin tapujos. Acostumbrado a la cultura de otros pueblos mucho más dados a cuidar las formas, me ha parecido muy positiva su obsesión por el contenido y desinterés por las formas.

    Aunque pueda parecer una menudencia, me gustó mucho que todo está rotulado en inglés en todas partes, y casi toda la población es capaz de mantener una conversación en inglés sin muchos problemas… algo extremadamente importante en una economía globalizada. Hay muchísimo que discutir en este punto y por eso creo que vale la pena dedicarle un artículo monográfico, en el que además apuntaremos aspectos creo que muy interesantes, como su visión de la vida o su tolerancia al riesgo.

  2. EDUCACIÓN/FORMACIÓN
    En Israel no hay grandes extensiones de tierra fértil, ni petróleo, ni otros recursos naturales. Lo que sí hay en abundancia es talento. Y no es gente mejor que la que tenemos en España, simplemente es gente consciente de que o se convierten en una economía del conocimiento o no tienen otras opciones de progresar.

    Por eso la educación es un elemento clave en el ecosistema emprendedor de Israel, que se distingue por unas universidades muy preparadas, y sobre todo, por un servicio militar que mima la formación de la gente. Me llamó mucho la atención lo bien acopladas que están allí las universidades y las empresas privadas, trabajando al unísono a través de bien engrasadas oficinas de transferencia. En el monográfico que prepare os contaré los ejemplos del Weizmann Institute (la 12ª mejor institución académica del mundo y la primera de fuera de Norte América) y de la universidad de Tel Aviv, que me parecieron muy aplicables (salvedades aparte) a España.

  3. STARTUPS
    Las startups en Israel florecen por donde quiera uno que mire. Dado que la edad media que la gente termina sus estudios es bastante superior a la española (consecuencia del servicio militar y del año sabático que suelen coger la mayoría de los jóvenes), la madurez que he encontrado en los emprendedores me ha llamado la atención. Dado que su mercado interior es extremadamente pequeño, todas las empresas nacen con vocación global… algo que ha empujado naturalmente a las startups israelitas a la especialización en productos muy escalables y en mercados que puedan atacarse “en remoto”.

    No hay tampoco que olvidar la proverbial inventiva y enfoque a la I+D del pueblo Israelí, motivo que ha llevado a decenas de grandes multinacionales de la tecnología como Intel, Microsoft o Cisco a abrir centros de I+D en Israel (de hecho es llamativo que Apple está a punto de abrir su primer centro de I+D fuera de USA). Estos centros colaboran activamente con los emprendedores del país, tal como os contaré mi experiencia en el caso del centro de I+D de Microsoft y mis entrevistas a su personal directivo.

  4. INVERSIÓN
    Quizás uno de los elementos más diferenciales del ecosistema Israelí es la superabundancia (al menos en comparación con España) de inversión para Startups a lo largo de todas sus fases.  Y por eso, más llamativo todavía es la disponibilidad de inversión para el lanzamiento y creación de ideas (semilla), algo que en España es ciencia ficción y que ayuda a explicar el número de startups que existen (cuanto más inversión y apoyo al principio, más compañías llegan a la siguiente fase). Pero no caigamos en simplismos y tópicos de decir que “los judíos tienen mucho dinero”, ya que es muchísimo más complicada e interesante la explicación.

    En el monográfico sobre inversión veremos cómo el gobierno en lugar de subvencionar todo lo que se ponía a su alcance, diseñó una gran iniciativa, denominada Yozma, que se encargó de activar el ecosistema de Venture Capital del país atrayendo a lo más selecto del Venture Capital de USA…y con un retorno importante. Tuve la suerte de poder entrevistar detenidamente a su fundador y director Yigal Erlich, auténtico padre de la industria de capital riesgo en Israel, así como de discutir con Fiona M.Darmon, la vicepresidenta de  JVP-Jerusalem Venture Partners (uno de los fondos con mejor rendimiento del mundo) sobre sus estrategias de inversión y  sobre los criterios que utilizaban para apoyar a startups de éxito.

    Posiblemente en este punto encontremos el primer paso que debería dar el gobierno para “arrancar” el ecosistema emprendedor de España, que actualmente avanza a trancas y barrancas y en base sólo a la voluntad y valor de sus integrantes. Y es que no se trata de gastar más dinero, sino de hacerlo mejor.

  5. POLÍTICAS Y GOBIERNO
    Por último discutiremos las políticas y estrategias adoptadas por el gobierno de Israel para ayudar a potenciar a las startups, y que no van en absoluto relacionadas con una hiperabundancia de recursos, sino de un uso inteligente y eficiente de los recursos… ya que en general el gobierno Israelí nunca financia los proyectos al 100%, sino que además de potenciar el papel de la industria y su relación con el sector académico evita protagonismo. Y también descubriremos cómo, en lugar de invertir el dinero público sin demasiado control, exige royalties sobre los resultados de uso, lo que entre otras cosas consigue un retorno a medio-largo plazo que actualmente supone una importante cantidad de los presupuestos de algunas entidades públicas.

    También hablaremos sobre la estrategia de incubadoras creada por el gobierno, un aspecto francamente interesante y trasplantable (si lo hacemos bien), y que sirvió para impulsar la reconversión profesional de un segmento importante de la población hace tiempo, así como para  formar y apoyar a los emprendedores en sus primeros estadios, que es cuando más lo necesitan. Para ello me entrevisté con varias incubadoras, desde la interesante y comprometida TechLoft a la famosa The Time, ganadora durante los dos últimos años del premio a la mejor incubadora… donde no sólo incuban los proyectos sino que invierten en ellos apoyados por un programa público.

Para que nos hagamos una idea de cómo es realmente el ecosistema emprendedor de Israel y su concentración aquí teneis un mapa que lo representa:

mapa-startups-israel-ecosistema.emprendedor

ALGUNAS CONCLUSIONES

Si tuviera que destacar tres aspectos que me han parecido absolutamente cruciales dentro del ecosistema, y que creo que empapan todo en la comunidad innovadora de Israel son:

  • CONSTRUIR DE ABAJO A ARRIBA: No es buena idea hacer grandes planes sobre qué pasará en el futuro. No importa si hablamos  del entorno universitario, de las políticas del gobierno para captar talento o de las estrategias inversoras, se ha dado espacio a la iniciativa individual y se ha construido sobre ella.
  • HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD: Una nación que carece por su tamaño de mercado local, con un mercado regional hostil y que no posee apenas recursos naturales tiene dos opciones: o se lamentan amargamente de la mala suerte que tiene o hace de la necesidad virtud y explota el principal activo que tiene, el talento, y se esfuerza en construir sobre él.
  • PROVOCAR UN “HAMBRE CONTROLADA”: Si hay una constante que he observado durante mi estancia allí es el “hambre”. Y no sólo hablo a nivel de ambición, sino sobre todo a nivel de recursos. Existe disponibilidad  amplia de recursos para empezar lo que sea, pero nunca sobran. Da igual donde mires, en las startups o en la universidad, se ha diseñado un sistema que empuja a “buscarse la vida” y conseguir recursos por uno mismo, no cayendo en la autocomplacencia.

Creo que te apasionará como a mi todo lo que podemos aprender de una nación-startup como Israel, y de su vibrante ecosistema emprendedor. Si te apetece acompañarme en éste viaje, a partir de ahora iré publicando un post cada mes sobre los aspectos que antes he comentado, y ya tengo varias propuestas para montar una conferencia con todo esto… por lo que si hay suerte igual puedes venir a que te lo cuente en vivo 🙂

Redescubrir y redefinir la innovación educativa en Europa

11.10.2016

Imagen: Sergey Nivens/Shutterstock.com

Se considera innovación aquello impregnado de nuevas ideas o métodos vanguardistas. También se utiliza para transformaciones, reestructuraciones y otros cambios. Con respecto a la enseñanza, el enfoque innovador tiene que ver con la mejora y el desarrollo del centro educativo, hacia las necesidades de sus educandos.

En este artículo presentamos tres proyectos que han intentado utilizar recursos y medios existentes pero con una perspectiva diferente, y para ser utilizados en nuevos contextos.

Proyecto irresistible: cooperación entre educación, investigación, y empresa

El proyecto Irresistible aplica el enfoque de «investigación y desarrollo responsables», con el objetivo de implicar al público de manera activa en la investigación y el desarrollo, facilitando en gran medida el acceso a resultados aparentemente incomprensibles. El proyecto se centra en la enseñanza primaria y secundaria, animando a niñas, niños y jóvenes a aplicar los conocimientos adquiridos en todas sus asignaturas para resolver problemas reales.

En el seno de este proyecto financiado por la Comisión Europea, se abordan los seis aspectos de la investigación y desarrollo responsables (participación ciudadana, igualdad de género, educación científica, ética, acceso abierto y gobernanza) en diez módulos codesarrollados por docentes, expertos universitarios en educación, personas expertas en espacios expositivos como museos y centros de ciencias, así como personal de investigación de cada campo temático.

Los estudiantes han aprendido sobre envejecimiento saludable, genómica, oceanografía y cambio climático, energía renovable y sostenibilidad, así como nanociencia, incluyendo nanotecnología y nanomateriales. Se ha desarrollado tanto en el centro educativo como con visitas a laboratorios que trabajaban en estas áreas, traduciendo los resultados del programa en exposiciones que reflexionaban sobre la relación entre la investigación y la sociedad.

En el canal de YouTube de Irresistible se pueden ver más vídeos sobre el programa.

Conexiones creativas: fomentando la creatividad y la innovación por medio de la investigación de acción

El programa Conexiones creativas (2012-1024, financiado por la Comisión Europea) utilizaba el arte como medio de exploración de la participación ciudadana y ofrecía al alumnado la oportunidad de expresar sus sentimientos acerca de las identidades europeas por medios visuales y blogs. Este proyecto, no solo contaba con un enfoque interdisciplinar, sino que también consiguió implicar al profesorado en la investigación de acción, ayudando al desarrollo de su práctica docente.

En este proyecto, estudiantes y docentes de España, Finlandia, Irlanda, Portugal, la República Checa y el Reino Unido crearon conjuntamente la Galería conectada, que contaba con cinco pasos: descripción de identidades, presentación de cada nación, composición de informes visuales, desarrollo de guías culturales y actuaciones a partir de estas ideas. La Galería conectada es una herramienta de gran calibre que se puede utilizar para experimentar y ayudar al alumnado a identificar su identidad, tanto propia como europea.

El proyecto también ofrece una extensa lista de unidades didácticas y consejos prácticos, tales como la creación de un blog o la gestión de herramientas de traducción en línea, así como enlaces a recursos pedagógicos.

iTEC: Diseñar las aulas del futuro

«Lo que será el aula del futuro no tiene que ver con el entorno ni el mobiliario ni la tecnología. Tiene que ver con cómo aprenden sus estudiantes». Kerry Shoebridge, docente de iTEC, Reino Unido

En iTEC («Innovative Technologies for Engaging Classrooms»: Tecnologías innovadoras para aulas atractivas, 2010-2014), European Schoolnet trabajó con 26 socios de proyecto, incluyendo 14 ministerios de educación, para transformar la manera en la que la tecnología se utiliza en el aula.

A lo largo del proyecto, se pusieron a prueba recursos y herramientas educativos en más de 2.500 aulas de 20 países europeos, con el propósito de generar un modelo sostenible para rediseñar de manera radical la enseñanza y el aprendizaje. El proyecto contó con una financiación de 9,45 millones de euros, del 7º programa marco de la Comisión Europea. Puedes consultar los resultados de la evaluación de iTec en este enlace.

Entre los resultados del proyecto se cuentan un curso sobre Hipótesis del aula del futuro (presencial y en línea), Edukata modelo de diseño participativo, así como las Herramientas del aula futura (podéis ver un vídeo también).

Decodificando a la Start-Up Nation: Así se innova en Israel

lunes, 10 de octubre de 2016Pablo Tirado Tel Aviv
Economía y Negocios  El Mercurio
Ciberseguridad, drostart-up-nationnes y tecnologías espaciales son algunas de las tendencias que están liderando los avances en el país de Medio Oriente.
Las teorías de por qué Israel es una potencia en materia de innovación son varias e incluyen factores como su posición geopolítica en Medio Oriente, la obligatoriedad del servicio militar para hombres y mujeres o el interés que han demostrado los sucesivos líderes -el fallecido Shimon Peres a la cabeza- por desarrollar la industria tecnológica.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que el pequeño Estado de 20.770 km² es considerado uno de los padres del fenómeno startup, y eso se nota. Especialmente en Tel Aviv, ciudad que cuenta con la mayor concentración de startups per cápita en el mundo -se calcula que hay una compañía de este tipo por cada 290 residentes- y donde la innovación está presente hasta en los más mínimos detalles: por ejemplo, la mayoría de las calles cuenta con conexiones wifi gratuititas y los procesos de migración se pueden hacer de manera automática frente a una máquina.

Con una fuerte presencia de compañías ligadas al mundo de las redes sociales, el márketing y la ciberseguridad, Tel Aviv se ha convertido también en un interesante destinto para algunos gigantes tecnológicos como Facebook, Microsoft o Apple, que han abierto oficinas con la intención de aprovechar el talento y las facilidades que ofrece Israel. Una de las empresas que cuenta con un “campus” en Tel Aviv es Google, firma que llegó hace una década.

El fundador del centro es Yossi Matias, ingeniero experto en big data , quien ha sido pionero en llevar documentos de alto valor cultural al mundo online -los archivos del museo del holocausto Yad Vashem y los de la fundación Nelson Mandela, por ejemplo- y es, además, uno de los creadores de Google Trends, la herramienta que muestra los términos de búsqueda más populares.

Según él, la clave de Israel está en que ofrece una buena mezcla de profesionales altamente calificados en diferentes áreas y provenientes de diversas partes, con la posibilidad de probar nuevas tecnologías de manera rápida. “Acá en Israel y en Google apostamos por la diversidad”, comenta.

La innovación, así, parece estar impregnada en el ADN de este país y es algo que tanto las autoridades nacionales como locales buscan potenciar. Prueba de ello es el DLD Innovation Festival, la mayor feria de startups y tecnología de Israel, que se llevó a cabo hace un par de semanas en Tel Aviv.

Con una economía altamente dependiente del negocio de las startups , esta feria permea a las diversas esferas de la ciudad y es por eso que, durante los cinco días que duró, fue posible ver al mismo municipio convertido en una consola gigante de Tetris -efectivamente era posible jugar- o las calles del exclusivo Bulevar Rothschild repletas de jóvenes emprendedores mostrando los proyectos con los que esperan conquistar el mercado.

Ideada por el emprendedor serial Yossi Vardi, la feria se ha convertido en una enorme maquinaria en la que grandes empresas, inversionistas y emprendedores tienen la oportunidad de darles una pequeña mascada a las ideas que están liderando la innovación. “Para que un país logre lo que ha logrado Israel en materia de startups , tiene que promoverse, dejar que el mundo sepa de él. Tiene que hacer conferencias, ir a conferencias, hacer promoción”, dice Vardi,